Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que suplantó conocidas páginas web de compraventa con las que estafó más de 400.000 euros a unas mil personas. Los detenidos imitaban estos prestigiosos portales para ofertar inexistentes aparatos tecnológicos de última generación y otros objetos a precios muy ventajosos, con la finalidad de captar la atención de sus potenciales víctimas.
En total han sido arrestadas en Tarragona, desde donde operaba la trama, once personas, la mayoría de nacionalidad rumana. Los detenidos confeccionaban y duplicaban conocidos portales de venta de artículos en los que ponían a la venta, de manera ficticia, aparatos tecnológicos de última generación a precios muy inferiores a los de mercado, ofertas que eran difundidas mediante técnicas de ingeniería social. Con ello lograban engañar a los internautas que, en la creencia de que estaban en las páginas originales así como en las pasarelas de pago auténticas, realizaban sin saberlo transferencias a las cuentas bancarias que los miembros de la organización habían abierto.
Cuando las víctimas se daban cuenta del engaño, denunciaban lo ocurrido o interponían reclamaciones a los verdaderos portales de internet, quienes a su vez daban cuenta de los hechos a la Policía. De este modo se pudo relacionar las múltiples denuncias por estafa presentadas y relacionarlas con este grupo de delincuentes. Todos los beneficios obtenidos a través de estas actividades ilícitas eran sacados de España mediante envíos de dinero realizados por distintas personas y a través de varias empresas dedicadas a tal fin, lo que ha dificultado aún más el trabajo de los agentes.
Un abogado español
El principal líder de la organización contaba con personas de total confianza que se encargaban de realizar los trámites bancarios y administrativos, conocidos policialmente como «muleros», que recibían a cambio una comisión por cada operación. En caso de que las entidades bancarias descubriesen la falsedad de la documentación utilizada para abrir las cuentas, procedían a bloquearlas.
En este momento un abogado de nacionalidad española, que colaboraba con el grupo desarticulado, lograba desbloquearlas empleando para ello poderes notariales que había conseguido anteriormente induciendo a error a notarios de la provincia de Tarragona. De esta forma, eran retirados los fondos depositados en las mismas por sus víctimas.