Eva Molina, Santa Cruz de Tenerife

Hacer las maletas, cargarlas de recuerdos y regresar a su país. Ese es el deseo de Whilman Baquero Gutiérrez, un colombiano natural de Bogotá, y el de su esposa, Rosa Esther Cabrera Barragán, que tiene la doble nacionalidad: venezolana y española por su descendencia canaria.

Dejaron Venezuela hace trece años al verse damnificados por las riadas que azotaron al estado de Vargas. Allí lo perdieron todo. Whilman se quedó sin trabajo, se inundó su finca de explotación avícola, por la que pagaba un alquiler, y la casa de su suegro no se pudo recuperar. Era el momento de empezar de nuevo y por este motivo tomaron la decisión de partir hacia las Islas.

Whilman vino acompañado por su mujer, sus tres hijos y el padre de Rosa Esther, pensando que en el Archipiélago encontraría un trabajo: “No importaba en qué”, recalca. Con un empleo podrían permitirse “costear lo básico” y darles una “calidad de vida” a sus hijos, de 15, 20 y 21 años, añade Rosa.

Este cabeza de familia, de 47 años, se muestra orgulloso de haber desempeñado distintos puestos de trabajo como comercial de ventas por distintas empresas de alimentación y consumo a lo largo de diez años, porque “la idea de nosotros era llegar a trabajar”, relata Whilman.

Su mujer, Rosa Esther, también consiguió una ocupación. Estuvo trabajando como dependienta en una floristería de Santa Cruz hasta hace tres años y medio, después de pasar por la finca ecológica del Carretón, donde ejercía el cargo de monitora, aprobar el curso de auxiliar florista y superar las prácticas en la Escuela de Arte Floral de Canarias.

La familia lograba mantenerse con el sueldo de Whilman, pero la situación se vuelve insostenible en el mes de enero. Rosa reconoce que ahora su padre les tiene que “echar un mano” con la pensión de 300 euros que le corresponde percibir, porque la empresa de Whilman se vio obligada a prescindir de su puesto de trabajo ante las dificultades económicas por las que atraviesa.

Este inmigrante colombiano le agradece a Canarias “haberla conocido, poder haber dejado las puertas abiertas por donde pasó” y “llevarse la amistad de buenos amigos”, pero apunta convencido que “le llegó la hora de retornar y volver con su familia”. “Allí tenemos oportunidades”, asegura con un tono esperanzador, mientras que en Canarias las circunstancias los superan ante la incapacidad de hacer frente al pago del alquiler y sufragar el coste de la matrícula universitaria de su hija. Cuando empezaron a tramitar toda la documentación necesaria para regresar, nunca esperaron una negativa de la administración.

La solicitud para que Whilman pueda acogerse al pago acumulado y anticipado de prestaciones contributivas de desempleo para extranjeros que retornen a su país de origen le vino denegada por tener familia comunitaria.

Denuncia que el Servicio Estatal de Empleo le aplica una norma anterior al Decreto – Ley 4/2008, que le reconocería el derecho al cobro de su prestación por el tiempo trabajado. Solo pide que se le aplique este decreto, porque cumple con todos los requisitos. Afirma que la administración se contradice, pues para pagar sus pasajes lo tratan como no comunitario y para esto no, quedando en un vacío legal.

España pierde población por la crisis  

Cada vez aumenta el número de inmigrantes que desean acogerse al Programa de Abono Anticipado para la Prestación a Extranjeros (APRE), impulsado por el que fue ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en el pasado Ejecutivo socialista. El año pasado, 40.000 inmigrantes no comunitarios resultaron beneficiados por este plan.

Y es que este colectivo ve en el cobro acumulado de la prestación contributiva por desempleo una salida a la crisis económica que vive el país. Para beneficiarse de este programa necesitan reunir una serie de requisitos. Por una parte, se exige la vuelta solo al país de nacimiento, deben comprometerse a no regresar a España en un plazo de tres años, no tener la doble nacionalidad ni antecedentes penales y, por otra parte, hay que ser demandante de empleo, tener derecho a una prestación contributiva, así como pertenecer a un país que tenga suscrito un acuerdo bilateral con España en materia de Seguridad Social.

Una vez que el derecho a la prestación sea reconocido, cobrarán el 4o por ciento del paro en España y el pago del otro 60 por ciento se hará efectivo en el país de nacimiento.

Aquellos que sean beneficiarios también podrán solicitar ayudas para costear los pasajes. De este modo, se promueve el retorno voluntario y el reagrupamiento familiar. Esta tendencia también se aprecia en los casi 118.000 españoles que han salido del país desde 2011.

las cifras

40% El porcentaje de los inmigrantes que disfrutan de algún tipo de cobertura. Sin embargo, en 2010 la protección social ascendía hasta el 76%. 108 es el número de inmigrantes que vuelven cada día a sus países de origen con ayuda de la prestación contributiva, generada por el tiempo trabajado en España. 19.421 solicitudes se presentaron en el primer semestre de 2012 para participar en el programa de Retorno Voluntario, disparándose así las peticiones para su tramitación. 70% El porcentaje de retornados que proceden de Iberoámerica, principalmente de la región andina: Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú.