Tras recibir el vídeo del choque entre la patrullera de la Guardia Civil y la patera frente a las costas de Lanzarote el pasado 13 de diciembre, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, que investiga los hechos, Ángela López-Yuste, sigue considerando que el accidente fue “culpa exclusiva” del patrón de la patera y que “no existe en autos indicio alguno” que permita considerar que los agentes de la Guardia Civil hayan cometido ninguna infracción penal. Así lo indica la juez en un auto de fecha 22 de febrero, que ha sido recurrido en apelación por los abogados que defienden los intereses de algunos de los inmigrantes que viajaban en la patera. Ahora tendrá que decidir la Audiencia de Las Palmas.

En el accidente fueron rescatadas 17 personas, desaparecieron seis y se recuperó el cuerpo sin vida de uno de los inmigrantes. Otro de ellos fue localizado días después en Lanzarote. Los inmigrantes —todos marroquíes—, salvo tres menores y dos imputados como posibles patrones, han sido ya expulsados a Marruecos.

Los letrados de la acusación particular lo tienen claro: el vídeo del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), grabado desde el hotel Oasis, desmonta la versión inicial de la Guardia Civil y las declaraciones de los agentes ante la juez y demuestra que actuaron de forma negligente. La magistrada, sin embargo, discrepa. A pesar de las imágenes, considera que la culpa del choque se debió a que el patrón de la patera “realizó dos maniobras de giro a la derecha, además de soltar el timón, que provocaron que la patera interceptara la trayectoria de la patrullera de la Guardia Civil, que nada pudo hacer para evitar la colisión”. López-Yuste dice basarse en un informe pericial que concluyó que la “culpa única y exclusiva” había sido del patrón. El informe, según la acusación particular, se hizo con el reconocimiento del perito de que carecía de información relevante.

Los letrados de los inmigrantes, que piden que los cuatro tripulantes de la Guardia Civil declaren como imputados, aseguran que “sí existen indicios en las diligencias que racionalmente hacen pensar que quienes tripulaban la patrullera podrían tener distintos grados de responsabilidad criminal en los resultados de los hechos”, y cuestionan la versión ofrecida por estos.

Los agentes reconocieron que se había producido un fallo mecánico en la patrullera que dejó “el gobierno de la embarcación casi inoperativo (…) viéndose mermada considerablemente la capacidad de maniobra” —de hecho estaban regresando a puerto cuando vieron la patera—, pero sostuvieron que el choque fatal se produjo porque la barca quedó al pairo después de que el patrón soltara el timón para confundirse entre los demás pasajeros.

Los abogados de los inmigrantes analizaron el vídeo con las imágenes en vivo del accidente y señalaron que a las 2.17 “la patera pasa junto a la patrullera en sentido contrario, lo que demuestra que no va buscando su auxilio sino que, al contrario, trata de escapar de ella”. Y sostienen que “la patrullera maniobra para invertir su sentido de navegación y desde entonces va a una velocidad muy superior a la de la patera, para poder darle alcance y recuperar el tiempo dedicado a la maniobra”.

“Consta también que a las 2.18 la patera frena la marcha hasta detenerse”, prosiguen los letrados. “Y que la patrullera, tras haber aumentado imprudentemente su velocidad, se dirige inequívocamente hacia el punto en el que la patera se encuentra parada, hasta alcanzarla a velocidad muy superior a la velocidad mínima de seguridad, lo que causa el impacto de la proa de la patrullera en el estribor de la patera a las 2.19 con los resultados cuyas causas se investigan en estas diligencias previas”.

La juez, sin embargo, cree que el agente que manejaba la cámara térmica a bordo de la patrullera no tuvo nada que ver con el accidente. Dice que el agente refirió “haber visto cómo el patrón de la patera soltaba el timón, cómo entonces la patera hizo un giro a la derecha, y cómo de repente el patrón volvió a coger el timón haciendo una segunda maniobra de giro a la derecha, interceptando la trayectoria de la patrullera”. Sobre los otros tres tripulantes, la magistrada considera que solo ejercían “funciones de mecánico” y que “en ningún momento patronearon la embarcación”, por lo que “ningún dominio tenían del hecho”.

La juez considera, además, que la acusación particular pretende “no solo dilatar y entorpecer la presente instrucción” sino también “preconstituir prueba ante una posible demanda contra el Estado por responsabilidad patrimonial”. Los abogados responden que “lo único que hacen” es “ejercer el derecho de defensa”.