«Si es que no son personas humanas, no son humanos… Los mendigos son bestias. Hay que extirparlos, como si fueran un cáncer. Vamos a ver: yo, si tengo un cáncer, el médico no viene y me pone paños calientes y así. ¡No, viene y me dice: ‘Aquí hay que cortar’! Pues esto es lo mismo, hay que cortar».

Lo declaraba ayer mismo, a la salida de la Audiencia Provincial de Madrid, el letrado Ángel Pelluz, que defiende a dos presuntos neonazis que habrían apalizado, el 23 de agosto de 2009 en la calle del Arcipreste de Hita de Madrid, al sintecho Rafael Santamaría, que intentaba pasar la noche refugiado en un fotomatón.

El indigente, de cerca de 30 años de edad, dormía cuando los cinco presuntos agresores uno de los cuales, Javier Royo Blasco, es militante de Alianza Nacional se abalanzaron sobre él, sostiene la Fiscalía. La peor de las contusiones, un fuerte golpe en la cabeza, le provocó una hemorragia, 541 días de convalecencia y una alteración cognitiva que implica una minusvalía de hasta el 60%. Esto último plantea dudas a las acusaciones sobre el testimonio, hoy mismo, de la víctima. Temen que Rafael no pueda explicar con suficiente claridad y detenimiento lo que sucedió, aunque avanzan: «Él lo único que recuerda es que se durmió, y se despertó horas después en el hospital, cubierto de sangre».

El juicio transcurría ayer con los acusados negando los hechos o bien echándose la culpa entre ellos cuando los medios de comunicación supieron de un escrito enviado por uno de los letrados al juez. Se trataba de Pelluz, abogado de 90 años, colegiado en Madrid desde 1958 y defensor (de oficio) de María Leticia G.D. e Iván L.G., dos de los cinco acusados.

En el documento, enviado a la juez del proceso, Pelluz alega la eximente de provocación para sus defendidos, y lo fundamenta en la presentación en el proceso, como acusación popular, del Movimiento por la Intolerancia, que suele sumarse a las acusaciones en los denominados delitos de odio.

Pelluz, que incluso confunde el nombre de la organización llamándola «Asociación de Intolerancia», presenta en el escrito argumentos sólo disfrutables en la literalidad del documento, que procedemos a reproducir casi íntegro.

«Es cierto que la Constitución contiene derechos de los españoles, pero también es cierto que, junto a esos derechos, también exige deberes [en negrita] que nunca se exponen ni se ofrecen al juicio de los tribunales. Si el trabajar es un derecho, también es un deber y la vagancia no está recogida en nuestra Carta Magna. La ocupación de terreno público por quien no se procura una existencia digna es causa de rechazo en otras personas que cumplen las leyes. La vagancia, repetimos, el no querer hacer nada, el constituirse en parásito de lo decente, lleva a la repulsión. Añorada la Ley de Vagos y Maleantes, hoy empieza a resurgir en ciertos círculos políticos que tienden a prohibir la mendicidad, plaga de nuestras ciudades porque hay nostalgia de tiempos pasados», sigue la argumentación, cuyos meandros verbales no impiden deducir la intención: legitimar la violencia contra quien, por unas desgracias u otras, se ve obligado a vivir en la calle.

Pero no nos desviemos del impar documento: «El letrado firmante de este escrito cree razonadamente que ninguno de los que propugnan eso que no es un derecho, es un abuso quisiera al llegar a su casa ver el portal convertido en covachuela donde se acumulan despojos de cartones y prendas donde pululan los chinches, las pulgas, los piojos y, en algunos casos, hasta una rata que otra. La acusación de intolerancia es una falta de respeto a la decencia, hoy bastante en descrédito. Los defensores de estas situaciones, cobijados por el paraguas de la intolerancia, quisieran ver su reacción si en sus portales tuvieran que abrirse paso al verlos convertidos en estercoleros».

Seguía el papel: «Esto no quiere decir que admita agresiones personales, pero sí que hay provocación que aminora culpas. Se va a una cabina telefónica y se encuentra ocupada por un harapiento cuyo destino debería ser el trabajo. Si él no lo quiere, él es el culpable. Si la sociedad se lo permite, es ella la que tiene la culpa. El ejecutor puede que se haya excedido pero la provocación existe». Extremos que Pelluz repitió ante los medios: «Yo he visto vecinos apartando cartones y a estas personas, con chinches y piojos, para poder entrar en su casa. Esto no son personas. No han trabajado en su vida. Son cánceres de la sociedad».

701 ‘sin techo’ en Madrid

Uno de cada cuatro sintecho que habita las calles de Madrid tiene estudios universitarios, según el último recuento realizado por el Ayuntamiento, que censó a 701 personas sin hogar en la almendra central el pasado 13 de diciembre de 2012. Fuentes del Consistorio, precisamente, deploraban oficiosamente ayer las manifestaciones del letrado Ángel Pelluz en sede judicial. Según el recuento municipal, la crisis obviamente está agravando el problema de la indigencia en la capital: si en 2009 eran 553 las personas sin techo, en 2010 ya habían subido a 596. La cifra supera ya las 700 personas. La enfermedad mental, además, es otra de las causas principales por las que algunas de estas personas acaban en la calle. Según fuentes del Colegio de Abogados, existe un procedimiento, a instancia de parte, para retirar la colegiación en casos en que un abogado tuviera sus capacidades mermadas. Pelluz, además, fue acusado de una presunta estafa inmobiliaria en Benidorm en 1987.