La versión oficial de un choque fortuito entre una patrullera de la Guardia Civil y una patera con 25 inmigrantes en aguas de Lanzarote que ocasionó un muerto y seis desaparecidos necesita de nuevas explicaciones. Un vídeo difundido por la cadena SER en su página web desmonta algunas de las tesis ofrecidas en las horas posteriores al 13 de diciembre pasado, cuando sucedieron los hechos: la patera no volcó y la patrullera no da la sensación de navegar fuera de control. Las imágenes lo dejan bien claro. Un portavoz de la Delegación de Gobierno de Canarias manifestó que dichas imágenes “están en el sumario desde el pasado diciembre y no contradicen la versión oficial”.

En las imágenes captadas por el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) a menos de 1.200 metros de los hechos se observa cómo la patera intenta huir al ser interceptada por la patrulla cuando intentaba acercarse a la playa del Jablillo. Durante la persecución, la barca con 25 jóvenes marroquíes que iban a bordo hace un viraje mar adentro y reduce la velocidad. En ese momento la patrullera arrolla a la patera. Eran las 2.17 de la madrugada.

La Guardia Civil dio distintas versiones. Primero aseguró que se trató de un choque casual y que la patera volcó. Después que tuvo su origen en un fallo mecánico de la patrullera: un problema en una turbina de la embarcación de la Guardia Civil habría provocado el choque haciendo que esta quedara fuera de control. La versión apuntaba a que el patrón de la patera había dejado esta sin gobierno lanzándola irremediablemente contra la embarcación de la Guardia Civil, que no pudo maniobrar, algo que las imágenes del suceso desmienten.

Otras versiones, a la vista de las imágenes, ofrecen nuevas interpretaciones. Primero, que los guardias civiles utilizaron una patrullera con el objetivo de vigilar una zona de pesca ilegal, porque desconocen que hay un aviso de la presencia de una patera por la zona hacia donde se dirigen. “De haber tenido la misión de ir por la patera, no se habría usado una embarcación de 30 metros, con problemas en los motores, y que necesita una tripulación de 12 hombres”, afirma una fuente consultada. Aquella noche, según dicha fuente, solo iban cuatro tripulantes en la patrullera: el patrón, un ayudante y dos marineros.

La patrullera salió de la isla de La Graciosa. Uno de los motores tuvo ya problemas durante el trayecto, hecho del cual se avisó de inmediato al Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas. En ese momento, los agentes decidieron volver al puerto más cercano, que era el de Arrecife (Lanzarote). Durante el trayecto, el motor bajó su régimen hasta 700 revoluciones por minuto, sin responder a los mandos ni en avante ni marcha atrás, quedándose fijo.

Poco después, según la versión oficial ofrecida días después, los guardias vieron a la patera a menos de media milla de la costa y decidieron acercarse porque se dirigía a una “zona muy accidentada, de fondo rocoso y escarpado”. La patrullera, según la Delegación del Gobierno en Canarias, maniobró para cortar el rumbo a la patera y la alumbró. La versión oficial también destacó que cuando el barco de salvamento llegó a la zona donde estaba la patera, el patrón de la misma abandonó el timón y, “con el objeto de no ser identificado”, se arrojó sobre los ocupantes de esta para confundirse entre ellos, dejando a la embarcación sin gobierno hasta que colisionó con la patrullera.

Las imágenes muestran que la patera podría estar al pairo y que la patrullera se acerca a ella, sin dar la impresión de estar sin control, pero termina embistiéndola. Además, la comandancia no facilita datos fundamentales: el SIVE, que consta de cámaras y radares, registra tanto la posición de la patera y la patrullera, así como sus velocidades y su rumbo.

Las versión oficial no hacía hincapié en el hecho de que se tenía conocimiento de la proximidad de una patera desde el mediodía. Ese aviso no llegó a la tripulación de la patrullera. Y tampoco a Salvamento Marítimo, que es la responsable de los rescates.

El incidente tiene otra vertiente polémica: la expulsión de España de 17 de los inmigrantes que viajaban en la patera. El Defensor del Pueblo asegura que ha expresado su “gran preocupación” por esta práctica, informa Anabel Díez. “Eso dificulta enormemente la investigación judicial, al prescindir de testigos primordiales”, ha declarado a EL PAÍS el adjunto primero al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

El Defensor del Pueblo expresa su “gran preocupación”

ANABEL DÍEZ

En todos los casos en general (y, en este en particular), el Defensor del Pueblo ha expresado (y ahora reitera) su “gran preocupación” por la práctica habitual de expulsar a los inmigrantes que entran en España de forma clandestina en pateras, de manera que no pueden testificar en el caso de que tengan que ser llamados por los tribunales. Es el caso de los africanos que fueron rescatados tras ser barrida su barca por una patrullera de la Guardia Civil, el pasado 13 de diciembre de 2012: siete inmigrantes murieron (aunque solo se recuperó un cuerpo) y 17 fueron rescatados. De ellos, 14 fueron expulsados. “Con carácter general nos preocupa mucho que la expulsión de los inmigrantes lleva consigo la consecuencia de que se dificulte enormemente la investigación judicial al prescindir de testigos primordiales de los hechos”, ha señalado a EL PAÍS, el Adjunto Primero al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

Este será uno de los asuntos que va a incluir la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, hoy, martes, cuando presente en el Congreso el informe sobre la actividad de esta institución, que depende de las Cortes Generales, durante 2012.

Los hechos ya preocuparon extraordinariamente a la defensora y sus adjuntos cuando se produjeron los hechos, cuando aún no se habían producido las expulsiones. Las distintas versiones provocaron la inquietud de Becerril, quien se dirigió al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, para que remitiera a la oficina del Defensor del Pueblo un informe sobre lo ocurrido. Este requerimiento se produjo el 21 de diciembre, ocho días después de los hechos en aguas canarias, y la respuesta se demoró casi dos meses.

El 8 de febrero llegó al Defensor del Pueblo un informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas con la versión oficial que entonces se ofreció. En ese documento se informaba también de que se habían abierto diligencias en el Juzgado número 3 de Arrecife. La judicialización de los hechos es lo que hace que el Defensor guarde prudencia y no vaya más allá de mostrar su preocupación por prescindir de los testigos al expulsarlos, privando así a la justicia de testimonios fundamentales.