Todo estaba preparado ayer en la sala de vistas el Juzgado de lo Penal número 1 de Logroño para proceder a celebrar el juicio contra Z. F., acusada de un delito de estafa continuada, por el que el fiscal le reclama dos años y medio de cárcel. Según el relato del ministerio público, la mujer se había quedado con distintas cantidades de dinero, de entre 8.000 y 33.000 euros, que le habían adelantado compatriotas marroquíes para que les consiguiera los oportunos permisos de trabajo y residencia.
Sin embargo, el juicio tuvo que ser suspendido y señalado para el próximo 21 de octubre debido a que buena parte de los perjudicados, así como de testigos que el fiscal consideró «fundamentales» no comparecieron. Algunos de ellos se encontraban fuera de España, otros en paradero desconocido y uno de ellos había sido efectivamente citado y no había comparecido. Por ello, la juez acordó que se ordene una requisitoria para que puedan comparecer en la próxima vista de cara a que pueda cumplirse la Ley de Enjuciamiento Criminal y que las tesis de la acusación puedan probarse.