Málaga
El Juzgado de Instrucción número
2 de Málaga ha imputado a un total
de 15 personas por su presunta
relación con una trama que proporcionaba
documentación falsificada
a inmigrantes en situación
irregular en España. Entre ellos se
encuentran el alcalde de Jubrique,
David Sánchez (PSOE), y el exregidor
socialista de Riogordo entre
1999 y 2011, Francisco Alarcón, ya
retirado de la política.
El citado juzgado investiga esta
trama, en la que, al parecer, se
emitían certificados falsos de empadronamiento
para obtener permisos
de trabajo, según informaron
a Europa Press fuentes judiciales.
Entre los imputados se encuentran,
además de Sánchez y Alarcón,
policías locales y funcionarios.
En concreto, según adelantó
ayer el diario Sur, un agente de
promoción de empleo y personal
administrativo que habría participado
en la tramitación de los expedientes
investigados.
La red, asentada en Málaga y
que también operaba en Toledo y
Almería, fue desarticulada por la
Policía Nacional y, presuntamente,
se encargaba de falsificar documentos
oficiales para regularizar
a inmigrantes a cambio de entre
2.000 y 3.000 euros.
Las investigaciones se iniciaron
el pasado mes de mayo cuando se
detectó en la provincia de Málaga
que numerosas personas de nacionalidades
marroquí y paquistaní
estaban presentando en la Oficina
de Extranjeros solicitudes de permisos
de residencia y trabajo,
aportando certificados de empadronamiento
expedidos en las
mismas localidades malagueñas.
Tras varias pesquisas, se comprobó
cómo estas personas, para
lograr los certificados de residencia,
aportaban documentos acreditativos
de ejercer actividades de
venta ambulante expedidos con
fecha en las que todavía no se encontraban
en España.
Los agentes identificaron al
considerado como cabecilla del
grupo durante la investigación. Se
trataba de un hombre español de
origen paquistaní que, supuestamente,
tenía contactos con distintos
funcionarios.
Esta persona, junto a otros detenidos,
captaba a ‘clientes’ entre
miembros de las comunidades paquistaní
y marroquí para ofrecerles
la posibilidad de obtener certificados
oficiales a cambio de importantes
sumas de dinero.
Además, el cabecilla se valdría
también de esos contactos para
obtener los certificados oficiales a
nombre de los inmigrantes ; documentos
que firmaban a sabiendas
de su falsedad, ya que no se correspondían
con los que había en
las bases de datos y, además, las
fechas certificadas eran de periodos
en los que dichos inmigrantes
no habían llegado aún a España.