España debe pagar al librero que justificó el holocausto
La Vanguardia, , 06-03-2013El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a indemnizar con 13.000 euros a Pedro Varela, responsable de la librería Europa de Barcelona, que fue hallado culpable de justificar el genocidio, al considerar que durante el proceso se vulneraron sus derechos fundamentales a tener un juicio en un tiempo razonable.
Pedro Varela está recorriendo un largo camino en los tribunales. En 1998, el juzgado penal 3 de Barcelona le impuso cinco años de cárcel por justificación del genocidio e incitación al odio y la violencia racial, debido a los libros, panfletos y actividades que se desarrollaban en la librería Europa, donde se distribuía material y se daban conferencias en las que se dudaba del holocausto. Al recurrir la sentencia, la Audiencia decidió elevar una consulta al Tribunal Constitucional por si el artículo por el que se le efectuaba el reproche penal chocaba con la Carta Magna. El TC se tomó su tiempo para reflexionar, pues no contestó hasta siete años después, dando paso a una nueva sentencia en 2008 de la Audiencia, esta mucho más benévola, de siete meses por justificación del genocidio, mientras que le absolvía de incitación al odio. La sustancial rebaja se fundamentaba en las dilaciones.
Ahora, el TEDH, con sede en Estrasburgo, considera que durante el proceso se han vulnerado dos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El primero, el que establece el derecho a un juicio justo en un plazo razonable. El segundo es el derecho a conocer los hechos por los que se le acusa. En este punto, el tribunal relata que la “justificación del genocidio no constituía un elemento intrínseco de la acusación inicial”.
La corte europea no entra a valorar aspectos relativos a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión al estimar que formalmente no se cumplieron los requisitos procesales. Ante ello, el TEDH condena a España a indemnizar a Pedro Varela con 8.000 euros por daños morales más otros 5.000 por los gastos que le han supuesto el proceso judicial.
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