madrid. La Policía ha desarticulado, con la detención de 36 personas, una organización criminal que explotaba a 400 mujeres en seis macroprostíbulos de Andalucía en los que había cajeros automáticos y en los que las jóvenes firmaban “contratos” en los que se incluían multas por descansar o librar sin permiso. En la operación, la Policía inmovilizó por orden judicial 57 inmuebles, 56 vehículos, una embarcación y otros bienes cuyo valor estimado supera los catorce millones de euros. A los 36 detenidos, que quedaron en libertad con cargos tras ser puestos a disposición judicial, se les imputan los delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales, integración en organización criminal y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Las víctimas de la red eran en su mayoría mujeres de origen suramericano, aunque algunas procedían de Europa del Este. En algunos casos estaban en situación irregular y en otros contaban con toda la documentación en regla.

Los macroprostíbulos estaban localizados en las ciudades de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva, y generaban cada uno de ellos unas ganancias anuales de 1.250.000 euros, según informó el jefe de sección operativa de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional.