Becerril ha reclamado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que adopte medidas complementarias que garanticen el «acceso efectivo» a la protección de la salud para los inmigrantes irregulares con enfermedades graves, que requieren un tratamiento adecuado.

Entre las cuestiones que más atención han recibido la Defensora, destaca el estudio de la constitucionalidad del real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece el copago en función de la renta, e incluye por primera vez a los pensionistas, y la retirada de la tarjeta sanitaria a los «sin papeles».

El informe recoge también un elevado número de quejas sobre los mecanismos establecidos en las comunidades autónomas para la devolución a los pensionistas de las aportaciones que realizan al adquirir medicamentos cuando excedan el tope mensual establecido (8 o 18 euros, según el nivel de renta).