El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por Euskadi, Cataluña y Canarias contra los decretos ley del Gobierno de Rajoy sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud y de racionalización del gasto en el ámbito educativo.

La primera autonomía que interpuso los recursos fue Euskadi, cuando el Gabinete de Patxi López estimó, entre otros motivos, que la norma sanitaria suponía «la implantación de un sistema centralizado de gestión» que impide a las comunidades cualquier margen de decisión. También recurrió la ampliación de la jornada lectiva semanal de los profesores y su sustitución, que únicamente podrá realizarse por funcionarios interinos cuando hayan transcurrido diez días lectivos.

A su vez, la Generalitat llevó al Constitucional el real decreto ley sanitario al considerar que vulneraba «competencias y la atención sanitaria», al excluir a inmigrantes sin papeles del sistema de la atención no urgente. También recurrió el nuevo régimen de dedicación del profesorado universitario y los sistemas de becas.

Por su parte, el Gobierno de Canarias interpuso un recurso ya que nueva norma sobre sostenibilidad del sistema de salud podría «rebasar» los límites establecidos por el artículo 86 de la Constitución Española, al afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos recogidos en la Carta Magna.