Los sin papeles siguen en un laberinto sanitario. La póliza de salud que el Gobierno anunció para garantizar la atención básica a extranjeros en situación irregular no existe seis meses después de que fueran excluidos del sistema. Desde entonces, por ley, alrededor de 150.000 solo tienen derecho a la atención de urgencias, parto, posparto y pediatría. El convenio que ideó el Ministerio de Sanidad y que —aunque pagando 710 euros al año si son menores de 65 años y el doble sin son mayores— les permitiría acudir sin trabas a consultas de atención especializada o pruebas diagnósticas está paralizado. Mientras, la atención que reciben es desigual según las autonomías. Algunas, como País Vasco, Asturias o Andalucía, les asisten a pesar de la ley. Otras, como Madrid, cumplen estrictamente la exclusión.
El Gobierno excluyó de la cobertura sanitaria normalizada a 150.000 sin papeles el pasado septiembre. / carlos rosillo

El citado convenio fue aprobado en octubre pasado por el Consejo Interterritorial de Sanidad para dar cobertura a todo aquel que hubiera quedado fuera del sistema con la reforma sanitaria y quisiera contratarlo: los sin papeles y los rentistas que ganan más de 100.000 euros, por ejemplo. El convenio iba a regularse mediante una orden ministerial, pero finalmente se hará a través de un Real Decreto porque “garantiza más seguridad para aquellos que se acojan”, según Sanidad. Aseguran que el hecho de que País Vasco y Andalucía hayan recurrido la exclusión sanitaria al Tribunal Constitucional nada ha tenido que ver en el retraso de este capítulo del polémico peaje sanitario.

El documento está ahora a la espera del dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Allí estudiarán su contenido y las alegaciones que hayan presentado las comunidades. Asturias, por ejemplo, a la totalidad del texto. Discrepan de la nueva regulación, que según aseguran también las organizaciones que trabajan con extranjeros en situación irregular, está causando casos graves de desatención. El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes , órgano consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo —y en el que participan asociaciones, expertos o la administración— denuncia que la desasistencia no solo afecta a las personas que han sido excluidas por ley. También habla de casos de menores, embarazadas o pacientes que han tenido dificultades para recibir atención urgente.

Es un problema que se deriva de la falta de información que impera en muchas regiones tras la reforma y que está provocando, por ejemplo, que algunos extranjeros en situación irregular que van a urgencias reciban una factura por el servicio. Como Selina, nigeriana de 27 años que, tras acudir a un hospital valenciano con vómitos y mareos recibió una carta de pago de 82 euros. No la pagó, cuenta, pero tuvo dudas.

Ese envío de una factura, o una carta reclamando el documento que acredite que la persona atendida tiene derecho a la cobertura pública, es habitual. Las administraciones aseguran que se hace para todo aquel que acuda a urgencias sin tarjeta sanitaria. Tanto extranjeros como españoles. También si van por procesos relacionados con, por ejemplo, accidentes de tráfico; situaciones que debe cubrir la mutua del afectado y no la sanidad pública.

Ese sistema de prefacturación no se ha modificado con la llegada del peaje sanitario, lo que fomenta ese tipo de situaciones. Tampoco, critica Rafael Sotoca, portavoz de Médicos del Mundo, se ha establecido una fórmula que evite tener que presentar la tarjeta u otro documento acreditativo. En Navarra los sin papeles deben hacer un escrito alegando que carecen de recursos. En Madrid, según explica una portavoz, deben presentar el certificado de empadronamiento y el pasaporte.

Las administraciones, no obstante, aseguran que no se ha cobrado a nadie por la atención urgente. De hecho, tampoco hay constancia de que haya habido pagos por las consultas de la cartera básica —primaria, pruebas o especializada— a las que, por ley, la mayoría de los pacientes no tendrían derecho. Un dato que, para Sotoca, puede significar que algunos estén siendo atendidos por médicos objetores o que están dejando de ir a los centros de salud.

Solicitar una única consulta y pagar por ella es complicado. No todas las autonomías tienen, si quiera, un sistema regulado para hacerlo. Es uno de los motivos por los cuales se ideó la pólizaconvenio, una opción que, sin embargo, disgusta a las organizaciones que trabajan con los sin papeles que apuntan que la mayoría de ellos no podría, aunque quisiera, contratar un seguro tan caro. José Martínez Olmos, portavoz de sanidad del PSOE, presentará una proposición no de ley para evitar ese cobro que está generando, dice, “miedo a ir al médico”.

Mientras tanto las comunidades —incluso aquellas que no han establecido un paraguas específico de atención— aseguran que no se han dado situaciones de desprotección grave. En el departamento de Ana Mato apuntan que las autonomías no les han notificado casos de afectados; a pesar de que las organizaciones sí han informado de ellos a las regiones.

Uno de ellos es el de Joan Bogdan. Este rumano de 61 años fue operado de un cáncer de lengua en el Hospital de Palma en 2010. Nunca tuvo tarjeta sanitaria y nunca se le pidió. “Vive conmigo, que trabajo en España, y como no nos lo dijeron, no la tramitamos”, dice su hija Simona. Tras la operación, Bogdan recibió varias sesiones de radioterapia y tuvo seguimiento médico. Cuando acudió en julio a la cita que le tocaba, le dijeron que tenía una factura pendiente de más de 20.000 euros por la atención anterior. Un ejemplo más de falta de información de pacientes y profesionales. “Nos quedamos helados. No podíamos pagar”, dice Simona. Decidieron ir a una consulta privada. Allí le detectaron que el cáncer se había reproducido. “No sabíamos qué hacer”, cuenta la hija. Recurrieron a Médicos del Mundo que hizo público su caso. Poco después, recibieron aviso de que podía volver al hospital. “Aún no pueden operarle, pero mañana tiene la segunda sesión de quimio”, dice Simona.