La Policía Nacional ha desarticulado dos grupos criminales que captaban a jóvenes rumanas menores de edad mediante falsas promesa de trabajo y, tras cumplir los 18 años, las traían a España, donde las obligaban a ejercer la prostitución en un local de alterne de Agullana (Alt Empordà). Una vez aquí, sometían a las jóvenes a continuas amenazas, palizas y violaciones y las obligaban a trabar en un régimen de semiesclavitud, con jornadas laborales de unas 12 o 14 horas diarias. La denuncia de varias víctimas, hace casi un año, en Rumanía ha llevado a la detención de 19 personas, entre ellas los cabecillas de las dos redes de explotadores sexuales. La policía calcula que un total de 215 mujeres del prostíbulo de Agullana pueden haber sido víctimas de estas bandas que trabajaban coordinadas. Una de ellas, formada por ciudadanos rumanos, tenía su base en la región de Braila (Rumanía) donde captaba a las víctimas. La otra organización regentaba el prostíbulo Dallas de Agullana, cuyo propietario –afincado en Valencia– controlaba al momento lo que ocurría en su local a través de un sistema de videovigilancia.

El grupo obligaba a las mujeres a hacer uso de lectores de huella dactilar al inicio de su jornada y en cada servicio sexual, lo que les permitía tenerlas controladas en todo momento. El club, que llegó a facturar 60.000 euros diarios, también obligaba a las chicas a pagar 70 euros diarios para mantener la plaza y debían hacer frente a una serie de gastos ocasionados por su actividad que incrementaban los beneficios de los responsables del prostíbulo. Así, debían pagar cinco euros diarios por la electricidad; dos por cada rollo de papel higiénico, o siete por el jabón. Para tener mayor control sobre las chicas, la organización instaló inhibidores de teléfonos móviles en el local para obligarlas a usar los teléfonos públicos que había en el local.

Las investigaciones han permitido constatar envíos regulares de dinero al extranjero, realizados por el lugarteniente del dueño del club, quien facilitaba también inmuebles de alquiler a proxenetas y víctimas y dirigía una flota de conductores que transportaban a las mujeres al local, cobrando 15 euros por trayecto.

En torno a esta actividad delictiva se ha descubierto un entramado de sociedades tapadera para blanquear parte de los beneficios, con un capital social de 11,5 millones de euros. La policía ha localizado en el registro efectuado en cinco domicilios y en el club más de 100.000 euros en efectivo, un revólver, un rifle silenciador, dos defensas eléctricas o 2.000 resguardos de envío de dinero al extranjero.