El Departamento de Justicia argumenta que la población reclusa catalana se mantendrá en los próximos años en torno a los 10.000 presos por varios motivos. Uno de ellos es la llamada Circular de Extranjería que puso en marcha el Gobierno y que permite el regreso a sus países de los presos de origen inmigrante.
La prisión de Puig de les Bases, en Figueres. / pere duran

Durante el primer año de aplicación de esta circular volvieron a sus países un total de 525 reclusos. De ellos, 261 lo hicieron al finalizar el cumplimiento de la condena y con la correspondiente orden de expulsión y el resto por decicisón del tribunal.

Para que el tribunal lo autorice es necesario que se tenga cumplida la mitad de la condena, con el fin de que la restante se acabe de cumplir en sus países de origen. Pese a que la situación en aquellas prisiones no es mejor que en las españolas, algunos presos prefieren regresar porque confían en poder esquivar la cárcel utilizando el soborno a funcionarios.

Jaume Asens, abogado penalista, explica que ha tenido más de un cliente condenado por tráfico de drogas que ha optado por esa vía. El regreso se acuerda a cambio de que no vuelva a España en el plazo de 10 años y es habitual que se otorgue cuando se demuestra que el preso no tiene arraigo familiar.

Los cambios en el Código Penal en los delitos por tráfico de drogas también han comportado la excarcelación de buen número de reclusos por la revisión de las penas, aunque Justicia no precisó ayer las cifras. Y otra de las causas es el estancamiento de los índices de delincuencia.

Pero más allá de todos esos datos, la cárcel Modelo seguirá abierta y en algunas celdas seguirán conviviendo hasta seis presos preventivos. La reivindicación vecinal y del Ayuntamiento de Barcelona, por tanto, se antoja cada vez más lejana. Fue en el año 2000, durante la etapa del Gobierno de Jordi Pujol, cuando el entonces alcalde Joan Clos y la consejera de Justicia de la época, Núria de Gispert, firmaron un plan de prisiones para sustituir al antiguo presidio situado en el corazón de Barcelona.

El tripartito redactó, de la mano de Albert Batlle, el plan de prisiones más ambicioso que se ha hecho en Cataluña y reservó unos terrenos para la Modelo en la Zona Franca de Barcelona. Pero el regreso de CiU a la Generalitat hizo que el plan cayera en el olvido. Bajo el mandato de la consejera Pilar Fernández Bozal se anunció que se rediseñaría la cárcel y se reduciría su capacidad y ahora parece que ni siquiera eso por falta de presupuesto.

Lo que no parece cuestionable es que una cárcel de preventivos no puede situarse muy alejada del centro de Barcelona porque el traslado de presos a los tribunales es continuo.