En el primer plan detallado para dar papeles a millones de inmigrantes en Estados Unidos, la Casa Blanca quiere que los indocumentados, incluso quienes estén a punto de ser deportados, puedan convertirse en residentes legales y pedir la ciudadanía tras una espera de ocho años.

El Senado y la Cámara de Representantes trabajan por separado en sus propuestas para legalizar a una parte de los 11 millones de inmigrantes que viven y trabajan de manera irregular en Estados Unidos. Pero el presidente, Barack Obama, tiene ahora prisa por cumplir la promesa de su primera campaña presidencial y ya ha preparado su propio plan. La Administración teme perder influencia cuanto más avance su segundo y último mandato y dice que quiere estar «preparada» con ideas.

Según el borrador publicado por el periódico USA Today, cualquier inmigrante sin papeles, incluso aunque esté detenido para ser expulsado del país, podrá solicitar de inmediato un visado de cuatro años a cambio de someterse a un análisis para comprobar si tiene historial delictivo, registrar sus huellas (algo que los estadounidenses no hacen) y pagar una multa de varios centenares de dólares. Este documento temporal que permite trabajar será denegado a quienes hayan cometido un crimen penado con un año de cárcel, varios delitos que sumen al menos tres meses en prisión o cualquier crimen por el que otro país pudiera pedir la extradición. Tras ocho años y sólo si los que solicitaron los papeles desde el principio de manera legal han logrado los suyos, los inmigrantes pueden obtener un permiso de residencia y trabajo permanente (la llamada green card) si demuestran que han aprendido inglés, conocen la historia de Estados Unidos y pagan impuestos atrasados. Entonces pueden empezar los trámites para ser ciudadanos. En el caso de quienes llegaron de niños, el tiempo de espera sería sólo dos años.

El concepto de la ley no es nuevo, pero los detalles han irritado a demócratas y republicanos en el Congreso, que se quejan de que un plan de la Casa Blanca puede complicar las negociaciones. El camino propuesto es casi idéntico al defendido por Marco Rubio, el senador republicano presidenciable. Aun así, él y otros congresistas atacan ahora el plan de Obama en un comienzo agrio de la larga discusión. «La legislación del presidente estaría muerta nada más llegar al Congreso», aseguró Rubio.

La propuesta de la Administración incluye un refuerzo de los controles para evitar más llegadas de irregulares. Pero los republicanos defienden una cláusula más dura por la que los estados afectados certifiquen que sus fronteras están más seguras antes de legalizar a ningún inmigrante.