El Pleno del Parlamento foral ha aprobado hoy, con los votos en contra de UPN y PPN, y del resto a favor, una proposición de Ley Foral para reconocer a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra.

PAMPLONA. La Proposición, del PSN, recuerda que la Ley foral de 2010 reconocía este derecho, pero el Real Decreto de abril de 2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones estableció cambios, que suponen que quienes no tienen reconocida la condición de asegurado o beneficiario deben pagar la prestación sanitaria.

Su traslación a Navarra “ha creado una situación de inseguridad jurídica que afecta a un importante número de personas, tanto de condición administrativa navarra como inmigrantes”, pese a que “Navarra tiene amplias competencias en materia de sanidad interior y puede complementar”las normas del Estado.

Por ello, se propone que todas las personas físicas con residencia en Navarra tengan “derecho de forma gratuita a la asistencia sanitaria primaria o especializada, prestada por el sistema sanitario público de la Comunidad Foral de Navarra, con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, cualquiera que sea su edad, nacionalidad o situación legal o administrativa”.

Así, se entiende por “residencia” el hecho de acreditar, por cualquier medio admitido en Derecho, incluido el empadronamiento, que el domicilio de la persona está en un municipio de Navarra, sin atención a tiempo alguno.

Aportada la documentación que acredite la residencia, la Administración sanitaria expedirá, gratuitamente y sin dilación, un documento de identificación de acceso al régimen de universalización de la asistencia sanitaria pública en Navarra.

Se aclara que la asistencia sanitaria que preste el sistema sanitario público de la Comunidad Foral a estas personas será “la misma que la que presta a los poseedores de la Tarjeta Sanitaria Individual del Sistema Nacional de Salud, sin que la Administración sanitaria navarra pueda introducir discriminación alguna”.

En su defensa, Roberto Jiménez (PSN), ha advertido de que “las políticas de austeridad depresiva implantadas por las derechas están generando un mayor empobrecimiento, lo que conlleva mayor desigualdad y más pobreza”, y ha instado a apoyar esta ley por “una cuestión de humanidad”.

Ha señalado que esto es posible “haciendo uso de nuestra foralidad”, a lo que ha instado al Parlamento, ya que es una ley “amparada en valores”, ha dicho tras lamentar que el Decreto estatal del Gobierno de España “ha fomentado un monstruo de 17 cabezas porque cada comunidad se ha buscado la vida”.

También a favor, Bakartxo Ruiz (Bildu) ha asegurado que la solución que ha dado Navarra al Decreto estatal, con una subvención del propio Gobierno foral para cubrir la asistencia a quien cumpla determinados requisitos, “no garantiza la asistencia universal gratuita” a los inmigrantes, y ha animado a legislar una ley propia porque “tenemos competencias para ello”.

Por Aralar-Nabai, Asun Fernandez de Garaialde, tras advertir de los “cambios” que evidencia el PSN según esté o no en el Gobierno, ha considerado que actualmente “no se cumple la ley que dice que todas las personas tienen derecho a una sanidad pública y universal”, y ha animado al PPN a recurrir esta ley también y a seguir “vulnerando” los derechos humanos.

Marisa de Simón, de I-E, ha defendido la iniciativa, si bien ha considerado que Navarra “no necesita una nueva ley porque ya tenemos una” y que es “obligación” del Gobierno foral cumplir lo que ya existe y de “respetar los derechos humanos”.

En contra, Antonio Pérez Prados (UPN) ha subrayado que “la asistencia sanitaria no ha sido nunca ni universal ni gratuita”, ha considerado la actual aplicación de la ley “garantista” y que evita “abusos”, ya que la aplicación de lo hoy aprobado generaría que quienes perciban rentas superiores a 100.000 euros al año tengan gratis una sanidad que sí pagarían en otros lugares de España.

Por el PPN, Enrique Martín, ha considerado lo aprobado un “ejemplo” de la dinámica de la oposición del parlamento foral de “contralegislar” y “no abordar los problemas reales”, de lo que ha acusado especialmente al PSN, en este caso con un “criterio demagógico” en este caso del “todo para todos, que roza la temeridad” y “crea inseguridad jurídica”.