Las devoluciones de vivienda pública por no poder hacer frente al pago de las cuotas mensuales no para de crecer. La crisis y el desempleo están azotando con fuerza a los colectivos más vulnerables. Entre estos se encuentran también los inquilinos de pisos públicos, que no son ajenos a esta situación. En un año, según datos de la Generalitat, el retorno de este tipo de residencias se ha incrementado un 29%. Los principales afectados son jóvenes que se ven obligados a volver a casa de sus padres o acudir a un piso compartido para poder hacer frente a las rentas, así como los inmigrantes en situación de desempleo. Muchos acaban decidiendo regresar a su país.

Ayer, en el Parlament, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, aseguró que hoy en día Catalunya cuenta con 1.573 viviendas protegidas desocupadas. De estos pisos, 871 corresponderían a pisos procedentes del plan de choque, un programa con el que se quiso poner en el mercado 3.264 unidades vacías que se detectaron en septiembre del 2011 y que se encontraban pendientes de adjudicación.

Según aseguró ayer el secretario de Habitatge, Carles Sala, este stock de pisos que queda del plan de choque será difícil de colocar, ya que en un 90% se encuentran en lugares con escasa o nula demanda de vivienda y donde también se acumulan muchos pisos libres por vender.

El resto de los casas vacías, que corresponde a 702 residencias, son devoluciones. En febrero del año pasado esa cifra era de 544. En aquel momento se producía un punto de inflexión y el retorno de pisos protegidos empezaba a crecer. “Esta tendencia no sólo se produce en zonas alejadas, sino también en la primera corona, donde hay más demanda”, apunta Sala.

En estos últimos tiempos los alquileres de la vivienda protegida han sufrido un fuerte reajuste. Las procedentes del plan de choque bajaron un 25%. En la actualidad, la mayor parte del parque público que gestiona la Generalitat –formado por unas 13.199 viviendas– registra unas rentas que están muy por debajo del mercado libre. Las cuotas se sitúan de media entre los 100 y los 300 euros mensuales, aunque también hay viviendas, unas mil, con precios que pueden rondar los 400 euros.

Sala explica que las recuperaciones de pisos están aún por encima de las adjudicaciones, “pero se ha trabajado en acelerar los procesos para volver a introducirlos en el mercado de nuevo”. Así las cosas, según datos de la secretaria de Habitatge, en el 2007 la Agència Catalana d’Habitatge –antes Adigsa– tardaba 674 días en adjudicar un piso recuperado. Esta cifra se ha reducido considerablemente. Se modificaron y aceleraron los criterios, así como los trabajos necesarios de adecuación de la vivienda para volver a albergar inquilinos. El año pasado el tiempo medio entre una recuperación y la entrega del piso fue de 154 días.

En otro orden de cosas, el conseller recordó que desde esta semana, las familias que hayan sido desahuciadas de sus viviendas podrán solicitar a la Generalitat una ayuda por un máximo de 3.000 euros anuales. El Govern calcula que 1.700 familias se podrán beneficiar de esta ayuda.