La operación Sol, que desmanteló en el 2004 la mayor red de prostitución de Vigo en varios clubes de la ciudad, ha llegado a su fin después de que la mayoría de los ocho acusados firmasen, en los últimos días, las actas de conformidad con la Fiscalía. Lo hicieron por tunos en varias jornadas y en unas dependencias de la secretaría de la Quinta Sección de la Audiencia sin necesidad de celebrar una vista por sumario. La operación Sol fue una de las primeras donde se aplicó la nueva ley contra la explotación sexual y la inducción a la prostitución.

Los implicados admitieron su culpa y aceptaron unas condenas que no les supondrán su ingreso en la cárcel. Varios de ellos pasaron más de un año en prisión provisional, tiempo que les queda descontado.

Al tratarse de un sumario, las penas iniciales por inducción a la prostitución, y estafa con tarjetas de crédito, que pasaban por la máquina, podían incluso superar los 9 años de cárcel pero el acuerdo, negociado desde el 2010, reduce las penas a 2 años o 15 meses de cárcel, que se conmutarían por el tiempo que pasaron el prisión provisional. Entre los aceptantes del acuerdo están dos hosteleros de Vigo, José y Guillermo Lorenzo, dueños de una tapería y otros locales.

La acusación pública insistió en que, por ley y aunque no se hubiese convocado una vista en sala, los penados debían acudir personalmente a firmar el acta de conformidad y ratificar el escrito de calificación fiscal. Para organizar la rúbrica, fueron establecidos unos turnos, de modo que cada día pasase uno o dos a cumplimentar el trámite. Solo queda un puñado por ratificar su pena. Uno, al hallarse en el extranjero, podría comparecer por videoconferencia para ahorrarse el viaje a Vigo.

La Fiscalía se limitó ayer a confirmar la existencia del acuerdo de conformidad y la aceptación de los implicados del escrito de acusación.

El pacto admite dos atenuantes, lo que permitió reducir en un grado la condena. Por un lado, los acusados han resarcido a la víctimas con una indemnización que supera los 20.000 euros. La Fiscalía tuvo en cuenta que las mujeres de compañía de los clubes venían contratadas sin ser forzadas. Les benefició con la atenuante de reparación del daño. La segunda atenuante es por dilaciones indebidas, ya que el proceso judicial se prolongó casi 9 años. La operación empezó en marzo del 2004 y fueron arrestadas 37 personas, de las que diez eran empresarios y gerentes de clubes y otras 27, inmigrantes ilegales. Entre los clubes estaban el Goldfinger, y otros dos de Vigo, el Gardens, en Pontevedra, y otro en Ponteareas, así como bares de copas.

En su día, la policía se llevó 31 cajas de la tapería para investigar posibles delitos, como la defraudación a Hacienda. Quedó en nada por falta de pruebas, lo mismo que el tráfico de drogas.