Los acusados, ayer, en el juicio ante la Audiencia. :: F. MANZANERA

El expolicía nacional Cecilio C.M., adscrito a la Oficina de Extranjeros de la Comisaría de Policía de Cartagena, y la funcionaria Cristina L. T., que prestaba sus servicios en el mismo área, reconocieron ayer ante la Audiencia Provincial haber participado en una trama de falsificación de permisos de residencia y de trabajo a inmigrantes. La red llegaba a cobrar hasta 6.000 euros a inmigrantes irregulares a cambio de conseguirles una documentación falsificada.

Estos dos acusados, junto a otros diez entre los que se encuentra Pedro F.E., compañero sentimental de la funcionaria, y algunos de los inmigrantes que solicitaron los permisos falsificados, llegaron ayer a un acuerdo con el Ministerio Público, que rebajó sustancialmente las penas a las que se enfrentaban. La Fiscalía consideró la atenuante de dilaciones indebidas para todos los acusados, dado que el proceso fue incoado en 2002. El representante del Ministerio Público también reconoció la adicción que Cristina L.T. sufría, en el momento de los hechos, al alcohol y la benzodiacepina y le aplicó una atenuante por drogadicción.

Atenuante por drogadicción

Con estas condiciones, Cecilio C.M. se conformó finalmente con una pena que ronda los tres años de prisión y los ocho años de inhabilitación para cargo público. La funcionaria Cristina L.T. deberá cumplir 3 años y dos meses de cárcel, así como otros ocho años de inhabilitación para cargo público. Ambos fueron condenados, asimismo, a diversas penas de multa. El compañero sentimental de la funcionaria, Pedro F.E., fue condenado ayer a dos años de prisión, mientras que las penas al resto de imputados fueron menores. Este proceso se tramitó inicialmente contra otros dos marroquíes que se encuentran en situación de rebeldía.

Las defensas del policía y de la funcionaria han solicitado al tribunal que, al superar las penas impuestas a cada uno los dos años de cárcel que permitirían que ingresaran en prisión, que se sustituya la condena impuesta por algunos de los delitos por una pena de multa para así evitarles el trance de entrar en prisión.