El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Estado contra el decreto foral que sienta las bases para el acceso a las prestaciones del régimen de universalización de la asistencia sanitaria pública en Navarra y que recoge las condiciones de atención a los inmigrantes en situación irregular.

El Decreto foral, aprobado por el Ejecutivo navarro, fija la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes «sin papeles» que acrediten al menos un año de residencia en la Comunidad foral, falta de recursos económicos e inexistencia de antecedentes penales.

En su acuerdo, el pleno del Constitucional indica que tener por invocado por el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución produce «la suspensión de la vigencia y aplicación del Decreto impugnado desde el día 9 de enero de 2013, fecha de interposición del conflicto», que será comunicado a la presidenta del Gobierno de Navarra.

En concreto, el pleno ha dado el visto bueno a la tramitación del conflicto promovido por el Gobierno de Nación contra el Decreto Foral 117/2012, de 31 de octubre, por el que se modifica otro, de 18 de noviembre, que establece el procedimiento y las condiciones para el acceso a las prestaciones del Régimen de Universalización de la Asistencia Sanitaria Pública.

Asimismo, según ha informado el tribunal, el pleno ha decidido trasladar la demanda y documentos presentados al Gobierno navarro con el fin de que en el plazo de veinte días aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes.