El Tribunal Constitucional ha suspendido la aplicación del nuevo decreto foral en vigor desde noviembre que regula la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y el acceso a la sanidad pública en la Comunidad Foral, una norma que vino a obedecer con algunas excepciones el restrictivo Real Decreto estatal 16/2012. La paralización tiene lugar después de que el Constitucional haya admitido a trámite el “conflicto competencial” promovido por el Ejecutivo central contra el Gobierno foral ante la nueva normativa navarra que habilita diferentes ayudas (a cargo del departamento de Política Social) a los inmigrantes sin papeles para que sean atendidos, siempre y cuando acrediten tres condicionantes: un año de residencia en Navarra, la falta de recursos económicos (532 euros) y no tener antecedentes penales.

PAMPLONA. La medida fue cuestionada por la oposición parlamentaria y por la Plataforma de Salud, que llevó a los tribunales el decreto al seguir vigente la ley del 2010 más garantista.

Aunque el Gobierno foral ya ha anunciado su decisión de presentar alegaciones en defensa de su autogobierno lo cierto es que las consecuencias de dicha paralización cinco meses tienen diferentes lecturas.

Así, según el departamento de Salud el fallo permite aplicar el decreto foral anterior de 1996, “y se pueda reconocer la asistencia al régimen de universalización en los términos en los que estaba antes”. Dicha norma anterior avala el acceso a la atención demostrando un año de residencia “sin excepciones, sin posibilidad de fraccionar el pago y con las cuantías anteriores establecidas en 1996”. El departamento no detalla sin embargo que dicho decreto establecía a su vez un capítulo de “contribución a la financiación” según rentas (108 al año para ingresos anuales de hasta 12.020 euros, y con el 3% del total de ingresos anuales cuando supere dicha cantidad y hasta un máximo de 757 euros al año), aunque en la práctica estos pagos no se exigían.

La suspensión no afecta por otro lado a la orden foral de subvenciones de Políticas Sociales de modo que se podrán “seguir concediendo ayudas aunque, de acuerdo con la aplicación del antiguo decreto foral, la cuantía de la ayuda será menor”, precisa Salud. Solicitará además el levantamiento de la suspensión, decisión que confía se produzca “al igual que ha ocurrido con un decreto similar del Gobierno Vasco”. Según Salud, la suspensión no afecta a las personas “que han visto reconocida su inclusión en el régimen de universalización mediante resolución”.

Enrique Martín, del PP, matiza que la suspensión no supone el retorno al escenario anterior y una asistencia sanitaria universal y gratuita para los inmigrantes en Navarra independientemente de su situación administrativa (se exigía, por ejemplo, un año de residencia), ya que ésta se garantizaba a través de la ley foral de 2010, y lo que en realidad se deja en suspenso es la modificación del decreto foral de 1996. Su aplicación no obstante no debe colisionar con el Real Decreto estatal que es de “obligado cumplimiento” en todas las comunidades. El abogado Juan José Lizarbe opina que la decisión del TC demuestra que “el apaño del Gobierno de Navarra para aplicar de forma moderada el Real Decreto y obedecer al Estado no ha servido de nada, y que no valen medias tintas en la defensa del autogobierno”. “Lo que parece claro es que para evitar la aplicación directa del Real Decreto se aprobó un nuevo decreto por lo que no se entiende que se vuelva al decreto de 1996, ¿para qué se modificó entonces?”, refrenda. Para el letrado Patxi Zabaleta, la suspensión provoca un “vacío legal, ya que no se podrá aplicar el nuevo decreto pero no resucita el anterior que, por otro lado, estaba superado”.
PSN pide al Gobierno que explique cómo financiará la atención a inmigrantes irregulares tras la decisión del TC
El parlamentario del PSN Samuel Caro ha pedido este martes al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra “información exacta” sobre “cómo va a prestar la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular”, tras la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la aplicación del decreto foral sobre atención a inmigrantes irregulares. Los socialistas, según han informado en un comunicado, también quieren que el Ejecutivo foral detalle “el modo de financiación de esta asistencia y demás aspectos relacionados con esta materia”. Caro ha expresado la “preocupación” del PSN ante el hecho de que “personas inmigrantes con escasos recursos económicos, que vivan en Navarra, se vean privados de asistencia sanitaria gratuita, especialmente quienes no hayan visto reconocida su inclusión en el régimen de universalización anterior a la suspensión del Decreto foral”.