En mayo del año pasado, un inmigrante denunció ante la Policía Nacional que había pagado un dinero a una empresa que le iba a proporcionar trabajo y que le iba a dar de alta en la Seguridad Social para poder acogerse a la reagrupación familiar y traer a los suyos desde su país. Pero había pasado el tiempo y los ‘empresarios’ no habían vuelto a ponerse en contacto con él. Los agentes comenzaron la investigación por la sede social teórica de la firma ‘contratante’, que resultó ser un domicilio particular de gente que nada tenía que ver con la empresa.
Así comenzó una operación conjunta de la Brigada de Extranjería y la Inspección de Trabajo de La Rioja, en colaboración con el SEPE (Servicio Estatal Público de Empleo), que ha dado como resultado la desarticulación de tres empresas ficticias que tramitaban falsas altas en la Seguridad Social y generaban nóminas y contratos laborales de trabajos que no se realizaban.
Como resultado, se ha practicado la detención de 34 personas: cuatro de los seis cabecillas de la organización (tres ciudadanos pakistaníes y uno rumano) y treinta clientes (trabajadores que utilizaron la documentación falsa para cobrar, incluso, el subsidio de desempleo sin haber llegado a trabajar nunca). En libertad aún quedan dos miembros de la red (ambos pakistaníes) y más de setenta ‘beneficiarios’, que aún no han sido localizados y que podrían estar repartidos por La Rioja, Navarra, Burgos y Barcelona.
Los frecuentes cambios de domicilio y la falta de documentación en algunos casos hace muy complicada la detención de muchos de los implicados en un caso que, según las autoridades, podría haber beneficiado a casi quinientas personas, aunque la Policía solo busca a los que ya han utilizado la documentación falsa (contratos y nóminas) que les fue suministrada.
Entre 150 y 300 euros
Según explicó ayer ante los medios informativos Manuel González, jefe de la Brigada de Extranjería, uno de los componentes del grupo actuaba como ‘empresario’ y registraba la empresa (como sociedad civil o limitada) en la Consejería de Hacienda, lograba el CIF en la Delegación de Hacienda y conseguía los mecanismos para realizar ofertas de trabajo y dar de alta en la Red de Tesorería de la Seguridad Social.
Con todo ello, perfeccionaba documentos (con apariencia legal) que el resto del grupo vendía a clientes generalmente acuciados por la necesidad de presentar contratos ante la Oficina de Extranjería para solicitar o renovar permisos de residencia. Los inmigrantes captados pagaban inicialmente entre 150 y 300 euros por un contrato, aunque alguno llegó a abonar hasta 3.000 euros a los empresarios ficticios.
Junto a González, Alberto Bretón, delegado del Gobierno, Manuel Álvarez, jefe superior de Policía de La Rioja, y Vega Martínez, directora de la Inspección de Trabajo, ofrecieron los detalles de la desarticulación de una red que cometía un segundo delito: una vez conseguidas las autorizaciones de residencia y obtenidos beneficios de la Ley de Extranjería, los detenidos pasaban al SEPE toda esta documentación falsa al objeto de solicitar la prestación de desempleo que muchos de ellos consiguieron.
Las investigaciones permitieron determinar que este tipo de actividad fraudulenta se viene realizando durante los dos últimos años y se vincula con ella a un buen número de ciudadanos extranjeros.
De los detenidos en esta operación, los cuatro organizadores de la trama han pasado a disposición judicial, mientras que la treintena larga que se benefició de los contratos y nóminas adquiridas ha quedado en libertad con cargos. Bretón anunció que la operación sigue abierta y se mantiene la colaboración con la policía de varias provincias para capturar a todos los implicados.