Fue como si los senadores quisieran ganarle la vez al presidente, que hoy anunciará en Las Vegas su propuesta para una reforma migratoria. Él mismo ha redactado el proyecto de ley, algo inusual, pero ayer un grupo de senadores bipartidistas se le adelantó al presentar con grandes alharacas un plan de cinco páginas para hacer realidad la promesa electoral de Obama.

La Casa Blanca no les guarda rencor, al contrario. Un portavoz ha dicho que el presidente «está encantado». Su experiencia del primer mandato demuestra que todo lo que propone desata inmediatamente antagonismo en la oposición, por lo que su anticipación llena de esperanza a los grupos de hispanos que llevan décadas pidiendo una solución para legalizar a 11 millones de indocumentados. «Del lado demócrata somos flexibles porque lo que queremos es sacar adelante una ley, pero nuestra condición es que proporcione una camino para legalizar a esos 11 millones de personas», explicó el senador cubanoamericano de New Jersey Bob Menendez. «Estamos haciendo grandes, grandes progresos con nuestros colegas republicanos».

Tantos, que Menéndez dijo ayer sentirse «más optimista que en mucho tiempo», algo que todos su compañeros parecían compartir. Su colega demócrata Dick Durbin, que lleva cuatro décadas intentándolo, dijo convencido que «este será el año» en el que Congreso lo haga posible, pero advirtió que si por algún motivo fracasan, «pasará mucho tiempo hasta que alguien lo vuelva a intentar».

Del lado republicano, el senador John McCain, que estuvo involucrado con Ted Kennedy en el plan que George W. Bush quiso sacar adelante, admitió que lo que ha convencido a su partido para colaborar es el resultado de las elecciones de noviembre, donde Obama se llevó el 71% del voto hispano. «Mira las elecciones. Estamos perdiendo el voto hispano, que pensamos que tendría que ser nuestro».

El electorado latino creció un 16% pero el porcentaje de votos hispanos que obtuvo Mitt Romney fue el peor que haya tenido un candidato republicano en mucho tiempo. Y el primer paso para ganarse sus simpatías es entender que «durante demasiado tiempo hemos sido demasido complacientes al permitir que los trabajadores que nos cortan el césped, nos sirven la comida o cuidan de nuestros hijos lo hagan sin los beneficios que hacen grande a este país», sermoneó McCain.

Para fusionar los intereses de ambas partes los demócratas han aceptado que las medidas que permitirían legalizar a los inmigrantes documentados no entren en vigor hasta que el Gobierno refuerce significativamente la seguridad en la frontera y lo verifique un comité de gobernadores, líderes comunitarios y fuerzas del orden. El plan de seguridad fronteriza incluirá desde aviones espías para Inmigración a un sistema que verifique el estado migratorio de todo el que abandone el país por tierra, y no sólo a la entrada, como ocurre en la mayoría de esos puestos fronterizos.

Con la idea de «no repetir los errores de 1986», cuando la amnistía de Reagan legalizó la situación de 3 millones de ciudadanos, sin poner medios para frenar la oleada, se obligará a los empresarios a comprobar el estatus migratorio de sus empleados. Los que ya estén en el país tendrán que registrarse con el Gobierno, demostrar el tiempo que llevan y los trabajos que han tenido, aprender inglés y «ponerse al final de la cola».