Uno de los detenidos en 2003, al ser llevado al juzgado. :: G. C.

Casi una década ha tenido que pasar para que la Audiencia Provincial de Murcia inicie, el próximo miércoles, 30 de enero, la vista oral del juicio seguido contra un total de doce personas, entre ellas una funcionaria del Servicio de Extranjería de Cartagena y un policía en segunda actividad, que están imputados en una causa seguida por 33 delitos, nueve de ellos por favorecer el tráfico ilegal de personas.

Las conclusiones provisionales del fiscal señalan que el Servicio de Información y Policía Judicial de la Guardia Civil detectó, en diciembre de 2002, «una intensa actividad fraudulenta de facilitación de entrada de emigrantes en territorio nacional y de la obtención irregular por parte de éstos de permisos de trabajo y residencia».

Esta presunta actividad delictiva se estaba cometiendo «en el marco geográfico del campo de Cartagena, y las gestiones administrativas se deberían desarrollar en las oficinas públicas de dicha población y de Murcia».

Añade la Fiscalía que «se puso de manifiesto una trama de falsificación documental y de utilización de distintos procedimientos para aquellos fines con la participación de los acusados en diversas formas».

En la comisaría de Cartagena

El relato del Ministerio Público indica que «se evidenció que la acusada C.L.T. prestó sus servicios como personal contratado de auxiliar de administración en la oficina de Extranjeros de la Comisaría de Cartagena desde julio de 2002 hasta diciembre de este mismo año».

Igualmente se comprobó que el funcionario de Policía en segunda actividad y también imputado C.C.M. estuvo destinado en la misma dependencia hasta la misma fecha, «en que fue detenido en el curso de otra investigación judicial».

Durante su etapa laboral en el servicio, siempre según el fiscal, «se hicieron con una cantidad indeterminada de talones – foto, documento oficial expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, del que exclusivamente pueden disponer las oficinas policías de Extranjería».

En ese documento, añade la acusación estatal, «tras la pertinente concesión por la Delegación del Gobierno de la autorización de trabajo y residencia, el emigrante estampa, en dichas oficinas, su firma y sus huellas, junto con su documento de identidad, y en el que se troquelan sus fotografías, y a partir del mismo se confecciona el correspondiente permiso de residencia».

De esta forma, indica la Fiscalía, los acusados presuntamente percibieron hasta 6.000 euros por la expedición de cada una de esas estas tarjetas de trabajo y residencia falsificadas. Los otros acusados son P.F.E., pareja sentimental de la funcionaria C.L.T., y los nueve inmigrantes que encargaron la expedición de aquellos documentos.

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de nueve delitos de favorecimiento ilegal del tráfico de personas, nueve delitos de cohecho, catorce delitos continuados de falsedad en documento oficial y un delito continuado de estafa, por el que pide penas que suman casi 100 años de cárcel y multas de diversa cuantía para los implicados en esta trama.

En su día, en mayo de 2003, se informó de que el policía nacional ahora acusado ya había sido anteriormente expedientado y sancionado por un presunto delito de inducción a la prostitución, y que había prestado servicio en la Brigada de Extranjería de Cartagena.