Quedan 24 horas para que los muros del viejo cuartel de Bonrepòs se queden vacíos. Al menos los que permanecen en pie tras el progresivo deterioro de unas instalaciones que sirvieron como parque y taller de vehículos del Ejército y que en los últimos años han acogido el mayor asentamiento ilegal de la provincia de Valencia.

Cuando los agentes de la Guardia Civil encargados de acometer el desalojo forzoso lleguen a las puertas del acuartelamiento una vez termine el periodo de abandono voluntario, que finaliza mañana, se encontrarán una estampa diferente a la de las últimas semanas, con menos residentes tras las diferentes medidas asistenciales ofrecidas por el Ayuntamiento de la localidad, el Consell y varias asociaciones no gubernamentales.

Además, también hay okupas que han optado por buscar lugares alternativos para asentarse ante la inminente intervención. Según explicaron fuentes del Consistorio, durante el pasado fin de semana se detectaron dos incursiones en viviendas antiguas del término municipal, que fueron desalojadas en el mismo día para evitar nuevas ocupaciones ilícitas.

Pocas son las salidas que tienen los moradores que aún permanecen en el cuartel, muchos de los cuales han llegado hasta Bonrepòs tras desalojos de otros asentamientos o inmuebles ocupados, como pasó con la vieja fábrica de Óscar Mayer de Tavernes o con el campamento desmantelado hace años en el puente de Ademuz de la capital.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, algunos han podido retornar a sus países de origen tras la mediación de la Cáritas parroquial del municipio, que se ha hecho cargo de los gastos del viaje de al menos dos de las seis familias procedentes de países del Este que hasta hace un par de semanas residían en las instalaciones militares.

Además, desde el Consell se están articulando «todas las medidas a su alcance para encontrar una solución». Una de ellas consiste en ofrecer a los inmigrantes una plaza en albergues o casas de acogida, donde pueden permanecer de forma temporal. De hecho, ya se han producido algunos traslados.

No son las únicas medidas que se han tomado ante la insalubridad del acuartelamiento, donde la acumulación de residuos multiplica la posibilidad de que se generen plagas. Además, todavía se pueden ver placas de fibrocemento en las instalaciones, un material prohibido en la actualidad por su toxicidad. De ahí que hasta el municipio haya tendido la mano para buscar una salida a un problema que se remonta demasiados años atrás. En este caso, se ha gestionado el transporte de algunos inmigrantes a otras localidades donde han sido acogidos por familiares y amigos.

Por otro lado, está previsto que antes de que se ejecute el desalojo, ordenado por un juzgado de Moncada, un grupo de voluntarios del Banco de Alimentos de Valencia realice el último reparto de comida entre los residentes.