Jueces para la Democracia califica como “despropósito” y “un sinsentido” que la Delegación del Gobierno en Canarias cuestione la actuación de la juez Victoria Rosell en la paralización de la devolución de dos inmigrantes irregulares de la patera que naufragó en diciembre en Lanzarote. La asociación judicial teme que todo forme parte de una persecución a la magistrada

Desde Jueces para la Democracia se hizo ayer una defensa contundente de la juez Victoria Rosell, cuya actuación ha sido objeto de protesta por parte de la Delegación del Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial.

En concreto, la Delegación, a partir de un informe policial, cuestiona la existencia de un auto firmado por Victoria Rosell  – titular de Instrucción número 8 – paralizando la devolución de dos inmigrantes irregulares de la patera que naufragó el 13 de diciembre en las costas de Lanzarote. Diez minutos después de recibirse ese auto en el Centro de Internamiento de Barranco Seco, llegó otro idéntico con la firma del magistrado de guardia, Tomás Martín, de Instrucción número 3, y que es el que, a efectos prácticos, frenó la devolución de los inmigrantes .

Según declararon ayer a este periódico portavoces de Jueces para la Democracia, lo que es “un simple error de transcripción por parte del juzgado de guardia, al poner el nombre primero de Victoria Rosell y luego corregirlo”, ha sido utilizado “para desprestigiar a la juez”. En ese sentido, subrayan que Victoria Rosell “no interviene en esa decisión de paralizar la devolución; es más, ella en ese asunto ni está ni se le espera”.

“Y esto no es un error por parte de la Delegación del Gobierno”, agregan, “sino que se utiliza para cuestionar a la magistrada que además tiene las competencias de control de los centros de internamiento de extranjeros de Las Palmas, donde tutela los derechos de quienes están allí. Tememos que esto sea una intromisión en esa labor, sobre todo ante posibles críticas que haga la juez sobre el trato que se dispensa en los CIE a los inmigrantes ”.
Además, Jueces para la Democracia considera que es “especialmente grave” que la Delegación del Gobierno en Canarias pueda estar más interesada en que, con esta queja ante las instancias judiciales, se desvíe la atención de lo relevante, “como pudieran ser las responsabilidades que se deriven para el Estado y la propia Delegación del incidente ocurrido con la patera”, con el balance de un ahogado y siete personas desaparecidas a las que, un mes después, se da por muertas.

UN RESCATE QUE ACABÓ EN NAUFRAGIO

Según los testimonios de los inmigrantes que viajaban en la patera que naufragó en las costas de Lanzarote el 13 de diciembre de 2012, en la embarcación viajaban 25 personas. Tras alertar los ocupantes a los servicios de emergencia españoles, se desplazó al lugar una patrullera de la Guardia Civil que, de acuerdo con el informe oficial de la Delegación del Gobierno, sufrió una avería en un motor. En la maniobra de acercamiento a la patera, la patrullera chocó con la barquilla, con el resultado de que los inmigrantes cayeron al mar. Diecisiete fueron rescatados con vida y trasladados a tierra; un cadáver fue sacado de las aguas y el rastro de otras siete personas se perdió en el mar. Los inmigrantes fueron trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco y se activó el protocolo de su devolución al país de origen, contando con ello inicialmente con la autorización de un juzgado de Lanzarote. Sin embargo, en paralelo la representación legal de los detenidos anunció una acción judicial contra el Estado para depurar las responsabilidades por el choque de la patrullera con la patera, con el trágico balance de un muerto y siete desaparecidos. Tras el auto firmado por el juez Tomás Martín, que estaba de guardia, la devolución de los dos primeros inmigrantes se ha paralizado.