La sorpresa fue mayúscula ayer en el Ayuntamiento de Tarragona, en el equipo de gobierno y en la oposición. Pocos daban crédito a la posibilidad que el concejal de Vía Pública, el socialista Antonio Rodríguez, hubiera sido detenido e imputado por un delito contra la libertad de los trabajadores y por favorecer la inmigración ilegal cobrando, a través de su gestoría, entre 3.000 y 4.000 euros por contratos que luego no existían. El Ayuntamiento no se enteró de la situación por el propio concejal (que declaró ayer por la mañana), sino por otras vías, tras lo cual, el alcalde le citó y en una reunión celebrada al mediodía se le “pidió” su dimisión.
Inmediatamente después de esta reunión, a las 15.33 horas, el conejal de Vía Pública entró por registro su carta de dimisión, “para no perjudicar la imagen del Ayuntamiento de Tarragona y de nuestra ciudad; así tendré más tiempo para dedicarme a demostrar mi inocencia”. En la carta, Rodríguez añade que “entiendo que soy inocente del delito que se me imputa”. El concejal no compareció públicamente para dar explicaciones.

Según fuentes cercanas a la investigación, la policía notificó anteayer la citación a Rodríguez y su condición de imputado para que acudiera con su abogado. La operación policial arrancó en julio, después de que al menos tres ciudadanos marroquíes y pakistaníes presentaran sendas denuncias a la comisaría. Estos hombres habrían pagado a su gestoría (cuyos resultados económicos no eran muy positivos) por el contrato y también varias cuotas de entre 200 y 300 euros a la Seguridad Social. O eso creían, porque el papeleo resultó ser falso. Los inmigrantes aparecían en estos presuntos contratos –la policía sospecha que hay más de tres– como personal de limpieza del gimnasio propiedad de su hermana. Ella también fue citada a declarar y negó saber nada al respecto.

“Según su versión, los hechos se produjeron antes de que fuera concejal”, dijo el alcalde, Josep Fèlix Ballesteros acompañado por otros siete concejales socialistas. El alcalde destacó del concejal “su trayectoria impecable en el Ayuntamiento, por el trato personal y por su gestión”. Rodríguez fue concejal en la anterior legislatura, época en que se recibieron unos anónimos en el consistorio de un ciudadano sudamericano reclamando dinero que le debía el concejal. El asunto no trascendió y se olvidó. El político (ahora dado de baja como militante del PSC) volvió a ser concejal en marzo de 2012, tras producirse una baja en el gobierno.