En dos semanas el mayor asentamiento ilegal de la provincia de Valencia pasará a ser historia por orden de un juez. La Guardia Civil entrará en el viejo cuartel militar de Bonrepòs i Mirambell el próximo día 23 para vaciar unas instalaciones que llevan ocupadas una década. Los residentes, que recibieron la notificación el pasado 19 de diciembre, tienen hasta entonces para abandonar de manera voluntaria el viejo retén pero, de momento, las 200 personas que lo ocupan, salvo casos contados, agotarán el plazo. El Ayuntamiento está buscando «alternativas» a contrarreloj para tratar de evitar que el próximo día 23 estas personas tengan que salir de allí sin un lugar a donde ir. Una opción barajada es «pagar billetes de regreso a algunas de estas familias que ya tenemos registradas y documentadas», explicó ayer el alcalde Fernando Traver.

El Consistorio, con la ayuda de varias oenegés, trabaja intensamente con tres grupos mayoritarios que presentan necesidades «muy diferentes». El colectivo de rumanos que ocupa parte de las instalaciones del cuartel abandonado está formado principalmente por familias «lo que dificulta que se les pueda dar plazas de pisos de acogida, por eso se está estudiando la posibilidad de ofrecerles billetes de ida a sus países de origen». Los otros grupos «son subsaharianos y marroquíes y están aquí sólos y sin familia. En estos casos es más fácil que puedan cubrir algunas plazas en pisos de acogida o albergues. Se están estudiando todas las posibilidades en colaboración con la Consellería pues el Ayuntamiento no dispone de medios suficientes».

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Moncada ordenó el desalojo de las instalaciones en un auto que especificaba que los afectados disponían de 30 días para abandonar el inmueble. En caso de no hacerlo, «se procederá al obligado cumplimiento del desalojo mediante la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», lo que permitirá «reintegrar la propiedad a sus legítimos dueños», que ya no es el Ministerio de Defensa sino los descendientes de los primeros propietarios tras obtener la reversión de la titularidad.

Nada más proceder al desalojo el próximo día 23, las máquinas entrarán en el cuartel para derribar «todas las edificaciones que quedan en pie para dejar la zona reconvertida en un solar», según recalcó el primer edil. El objetivo es «evitar que se produzca ninguna otra ocupación, no podemos correr ese riesgo, después de estar diez años para resolver algo que se había convertido en un problema».

El número de okupas ha ido creciendo en los últimos años. El desalojo del campamento de Valencia, bajo el puente de Ademuz, y el derribo de las instalaciones de la antigua fábrica de Óscar Mayer, en la localidad vecina de Tavernes, generó un efecto llamada y el viejo cuartel se convirtió en el mayor asentamiento ilegal de la provincia. Las escasas instalaciones que quedaban en pie se han ido desmantelando con el tiempo y ya presentaban importantes problemas estructurales.

Fue el Ayuntamiento de Bonrepòs el que solicitó la presencia de técnicos de la Conselleria de Sanidad hace unos meses para realizar una inspección que alertó del riesgo para la salud pública por placas de amianto, acumulación de basura y plagas.