Pese a que el informe técnico que indica que las naves tienen deficiencias estructurales graves está fechado a día 3 de octubre, la primera comunicación a los habitantes del 70 y el 73 de la calle de Zamora no llegó hasta el 21 de diciembre, el viernes antes de las vacaciones navideñas. En esta notificación, el Ayuntamiento de Barcelona informaba a las personas que vivían en el lugar de que el desalojo sería «inminente», «por motivos de seguridad». Sin concretar una fecha exacta. Finalmente la elegida fue ayer, 7 de enero, el primer día plenamente hábil después de fiestas. La operación policial para vaciar las naves, en las que vivían 47 personas y trabajaban en la recogida de chatarra otras decenas, terminó con 32 identificaciones por parte de la Policía Nacional; seis personas detenidas por residir ilegalmente en España, y 41 que no saben dónde dormirán esta noche. Ni mañana. Solo seis personas aceptaron el realojamiento de emergencia –«paliativo», lo llaman– ofrecido por el municipio dada la imprecisión de las alternativas ofrecidas.
Laia Serra, una de las abogadas de las personas que viven en los asentamientos de Sant Martí –la gran mayoría hombres jóvenes subsaharianos– denuncia la falta de margen que el Ayuntamiento de Barcelona, la institución que ha instado al desalojo con permiso del juez, ha dado a la defensa. «Justo anoche [por el domingo] terminé el contrainforme en el que aseguraba que solo una de las salas de la nave era verdaderamente peligrosa y que esta se había dejado de utilizar, pero no me han dado margen a presentarlo; han desalojado antes, sin avisar», lamenta.

SIN UN PLAN B / Ni la defensa ni la Xarxa de Suport als Assentaments del Poblenou –entidad que lleva años trabajando con el colectivo– creían que el desalojo se produciría con tanta rapidez, dado que en la última reunión mantenida entre las dos partes, el 28 de diciembre, los responsables municipales no supieron concretar en qué consistirá el plan de inserción sociolaboral que preparan. La abogada explica «la paradoja» que a sus ojos supone que el ayuntamiento utilice el artículo 44 de la ley de la vivienda, pensado para garantizar el derecho a un hogar digno, «para dejar en la calle a 50 vecinos de la ciudad en pleno invierno».
A primera hora de la mañana de ayer un amplio dispositivo policial –que la asociación de vecinos y los afectados tachan de excesivo– acordonó la zona y desalojó las dos naves. En el número 73 había 34 personas. En el 70, otras 13. La Policía Nacional identificó a las personas –en su gran mayoría inmigrantes – que iban saliendo del lugar, y 13 que no pudieron demostrar su situación legal fueron trasladas a dependencias policiales. De estas, seis –tres de Ghana, dos de Senegal y una de Guinea Ecuatorial– fueron detenidas por no tener los papeles en regla.
La Xarxa de Suport als Assentaments del Poblenou reaccionó de forma rápida a la noticia del desalojo y las detenciones. Convocó para la siete y media de la tarde de ayer mismo una concentración de rechazo frente a la comisaría de la Via Laietana, donde se encuentran varios de los detenidos a la espera de que el juez decida cuál será su futuro.
La razón por la que solo seis de las 47 personas desalojadas ayer en el Poblenou han aceptado el realojamiento provisional ofrecido por los servicios sociales del municipio está, según considera Montse Milà, miembro de la asociación de vecinos, en la desconfianza que estos hombres tienen en el ayuntamiento y en la falta de concreción del plan que este asegura tener para erradicar los asentamientos, que los vecinos consideran una «declaración de intenciones inconcreta».

«PALIATIVO Y TRANSITORIO» / El comisionado de Inmigración del ayuntamiento, Miquel Esteve, convocó a la prensa al mediodía de ayer, pocas horas después de que tuviera lugar el desalojo, para explicar los motivos del mismo. Insistió en que se trataba de una cuestión de seguridad y en que se había ofrecido un alojamiento «paliativo y transitorio el tiempo que haga falta» a todos los desalojados, pero dijo que no podían «obligar a nadie a aceptar la ayuda».
Esteve explicó en la citada rueda de prensa –a la que la abogada de los desalojados, Laia Serra, asegura que se le negó la entrada– que con los dos desalojos de ayer «se cierra» la primera fase del plan municipal para erradicar los asentamientos de Sant Martí. Dicha fase ha consistido en la inspección de los 25 asentamientos que el municipio tiene contabilizados y el desalojo de los que ha considerado inseguros. Al ser preguntado por la nave de la calle de Puigcerdà –la más grande–, Esteve matizó que es «la última que falta por revisar». En cuanto a la segunda fase del plan, la que debe ofrecer soluciones a estas personas, Esteve no quiso ayer dar detalles. Se habla de la creación de una cooperativa de chatarra y de huertos. Es esa falta de concreción la que hace que los afectados teman acogerse al plan, ya que necesitan trabajar para mandar dinero a sus países.

[ +INFO ]
> Las cifras.
> Los afectados.