Desde que el PP regresó a La Moncloa y CiU manda en la plaza de Sant Jaume, las discrepancias entre la Delegación del Gobierno y la Generalitat son notorias cuando salta a la palestra el debate identitario. Los distintos raseros no se manifiestan sólo en las declaraciones públicas de quienes rigen ambas instituciones, sino que también se plasman en expedientes que pasan mucho más desapercibidos.

Dentro del terreno de la burocracia, la Delegación y el Govern han aplicado criterios opuestos en los últimos meses al evaluar si un inmigrante merece conseguir el permiso de residencia. En ese sentido, la sede del Gobierno central regularizó a lo largo del año pasado la estancia de extranjeros, pese a que no contaban con el visto bueno de la Generalitat porque ignoraban el catalán.

Si bien es la Subdelegación en cada provincia la que despacha este permiso, los foráneos que no disponen del papeleo en regla deben pasar antes por las oficinas del ayuntamiento donde residen y por el Departamento autonómico de Bienestar y Familia. Resulta imprescindible para los interesados el informe de arraigo social, un documento preceptivo que la conselleria elabora tras una propuesta previa que los servicios municipales emiten. La Generalitat está capacitada para ejercer dicha gestión desde julio de 2011.

Según admiten fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña, se expidieron autorizaciones a varios extranjeros a lo largo de 2012 a los que Bienestar denegó el arraigo por no acreditar saber catalán. Aunque el dictamen es una de las pruebas que se ordenan, las mismas fuentes sostienen que la valoración no es vinculante para la decisión definitiva de la Subdelegación.

«Apreciamos el esfuerzo de integración en su conjunto. Puede darse el caso de que el informe del departamento sea desfavorable por motivo del catalán, pero entendemos que el solicitante está integrado observando otros supuestos», esgrimen en la Delegación. Al comprobar los conocimientos lingüísticos, aseguran que en la Oficina de Extranjería se supervisa más el interés por aprender que la capacidad de hablar en catalán: «Observamos como un factor favorable que se haya acudido a un curso, pero no atendemos tanto a los resultados como a la dedicación. Si se ha ido a clases, se demuestra voluntad para integrarse».

La Delegación del Gobierno no ha cuantificado cuántos dictámenes de Bienestar ha desoído para aprobar permisos. No obstante, corrobora que, desde marzo de 2012, detectan un «goteo» de expedientes suspendidos por desconocimiento del catalán, aunque matizan que las desestimaciones que el Govern remite no son masivas. Para amparar su postura, la Subdelegación incorpora una fundamentación jurídica con la que respalda las razones por las que entrega el permiso, pese a la negativa de la administración autonómica.

El Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, que el Gobierno aprobó en abril de 2011, dice que lo que cuenta es la voluntad de aprender la lengua «el aprendizaje», no el conocimiento de la misma.

Por su parte, Bienestar se remite a la instrucción que dictó en marzo y que señala que el arraigo se denegará si el aspirante «no se comunica en las dos lenguas oficiales» o si no demuestra «haber iniciado una formación en la lengua que desconoce con un mínimo de 20 horas ya cursadas». Según algunos abogados, el título de ese cursillo se ha convertido en una condición ineludible para evidenciar un nivel suficiente del idioma.

La obligatoriedad del catalán se circunscribe a los preceptos de la Ley de Acogida autonómica. El Tribunal Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre el recurso que la Defensora del Pueblo interpuso tras una queja del colectivo Impulso Ciudadano contra el articulado de la norma, que antepone el aprendizaje del catalán al castellano para los extranjeros.

De acuerdo con los datos de Bienestar, el departamento autonómico ha tachado como desfavorable el 7,3% de los más de 46.000 expedientes resueltos. Las principales razones por las que el permiso se veta son el desconocimiento de una de las dos lenguas oficiales y la detección de viviendas sobreocupadas.