El Palacio de Justicia de Benalúa albergó ayer un juicio rápido que ilustra con toda la crudeza la terrible situación a la que ha conducido la crisis económica a los ciudadanos menos favorecidos. Una pareja de inmigrantes argelinos, en paro y con dos hijos menores a su cargo, se encontró sentada en el banquillo de los acusados por un delito de usurpación de vivienda tras ocupar ilegalmente un piso vacío propiedad de Servihabitat, la inmobiliaria de La Caixa.

El matrimonio expuso en la sala de vistas que carece de ingresos para pagar un alquiler y que entró a vivir en el inmueble, ubicado en una de las zonas más deprimidas de Novelda, por pura necesidad, para tener un techo bajo el que cobijarse con sus pequeños, un niño y una niña de 3 y 6 años, según fuentes próximas al caso.

Los inmigrantes relataron que habían llegado a vivir durante tres años en una furgoneta por falta de dinero mientras trabajaban en el campo, al tiempo que negaron haber roto la cerradura de la puerta de entrada para acceder al piso y causado los desperfectos materiales que éste presentaba.

El hombre sostiene que su mujer desconocía que iban a ocupar de forma ilegal la vivienda, pues solo le contó que había encontrado una lugar para su familia. La mujer, por su parte, ratificó dicha versión.

Los dos hijos menores siguieron el juicio dentro de la sala del Juzgado de lo Penal 8, pitando, totalmente ajenos a la posible condena que se cernía sobre sus padres, ya que éstos no tenían a nadie a quien poder dejárselos a cargo, según las fuentes consultadas.

La Fiscalía solicitó la imposición de sendas multas a los cónyuges de 360 euros, a razón de 4 euros diarios durante tres meses.

Mientras tanto, el letrado defensor, Ángel María Sánchez Navarro, invocó el estado de necesidad en que se encuentran sus clientes para solicitar a la juez que lo tenga en cuenta como eximente. «El artículo que castiga estas conductas se introdujo por primera vez en el Código Penal ante el auge del movimiento okupa, pero está sirviendo para criminalizar otros comportamientos que no tienen nada que ver, lo que supone una hipertrofia del derecho», opinó el letrado en declaraciones a este diario.