La empresaria Xiaoshuang Zhu, detenida en el marco de la operación Emperador contra la mafia china, ha interpuesto en su propio nombre y en el de otros 19 implicados una querella contra el juez instructor, Fernando Andreu, y contra los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa. Les atribuye delitos contra las garantías constitucionales tipificados en el artículo 530 del Código Penal.

Este precepto castiga con inhabilitación especial de cuatro a ocho años a la autoridad o funcionario que, en una causa por delito, prolongue la privación de libertad de un detenido con violación de los plazos y demás garantías constitucionales o legales.

La defensa de Xiaoshuang Zhu, ejercida por el letrado Luis Gerez, cree que Andreu y los dos fiscales incurrieron en esa conducta tanto por haber acordado el ingreso en prisión de 20 detenidos una vez superado el plazo legal de 72 horas como por «haber prolongado ilegalmente la prisión a 16 de ellos durante seis días» pese a saber que la Sección Penal Tercera de la Audiencia Nacional había ordenado la inmediata libertad de otros cuatro implicados que estaban en la misma situación que los que permanecían en la cárcel.

La defensa de Xiaoshuang Zhu pide a la Sala Penal del Supremo ante la que Andreu está aforado que intervenga los correos electrónicos que se pudieron cruzar el juez instructor y los dos fiscales entre el 20 y el 29 de noviembre para «determinar si hubo concierto entre los mismos a la hora de prolongar la prisión de las 16 personas» que no fueron puestas en libertad hasta esa última fecha. El presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, ha remitido la querella a la Fiscalía para que informe si procede o no su admisión.

El abogado defensor narra que Xiaoshuang Zhu fue detenida a las 6:00 horas del 16 de octubre tal como ordenó Andreu por auto. El instructor acordó su prisión incondicional, a propuesta de los fiscales, cuando ya había vencido el plazo de detención de 72 horas establecido en la ley.

El 22 de noviembre, la Sección Tercera anuló la prisión de otro imputado, Kai Yang, precisamente porque la medida se acordó fuera de plazo. La Sala ordenó su excarcelación. Al día siguiente hizo lo mismo con otros tres implicados.

La querella sostiene que el juez Andreu y los citados fiscales pudieron «diseñar conjuntamente la estrategia procesal para tratar de entorpecer la disposición de la Sección». De este modo, la Fiscalía habría promovido incidentes de nulidad «procesalmente inviables» de hecho, fueron rechazados por la Sala para «evitar tener que acatar la resolución de la Sección e impedir la puesta en libertad» de los demás detenidos, que estuvieron en prisión otros seis días más.