El segundo intento de ilegalizar al partido neonazi alemán arranca en Berlín, entre declaraciones melancólicas de políticos de primer nivel acerca de la inutilidad o el riesgo del propósito, ambiguas inercias del aparato del Estado y la kafkiana realidad policial que rodea tradicionalmente este tema. Ha sido el Bundesrat, la cámara alta que representa a las regiones la que, en medio de ese concierto escéptico, se ha decidido a dar el paso.
Quince estados alemanes votaron el 14 de diciembre pasado a favor de iniciar ante el Tribunal Constitucional el proceso para la ilegalización del Partido Nacionaldemócrata alemán (NPD), fundado en 1964 por antiguos nazis y que hoy tiene un apoyo electoral del 1,5%. Sólo se abstuvo el estado de Hesse, gobernado por la CDU. ¿Por qué ahora?
El motivo es la abrumadora evidencia de que activistas y algunos dirigentes del NPD proporcionaron cobertura, información y apoyo logístico a los miembros de la organización armada neonazi Clandestinidad Nazi (NSU), responsable de la peor ola de atentados terroristas de los últimos veinte años en el país.
Los activistas de NSU mataron a diez personas, nueve de ellas emigrantes y una policía, hirieron a decenas en espectaculares atentados con bombas en barrios de inmigrantes de diversas ciudades y realizaron por lo menos catorce atracos bancarios durante trece años, sin que la policía ni los servicios secretos, con centenares de infiltrados en los ambientes ultraderechistas y no pocos simpatizantes en sus propias filas, lograran al menos identificar la ideología e intencionalidad política de los autores.
Aunque los presuntos ejecutores de esa larga serie eran tres personas, dos jóvenes que presuntamente se suicidaron, Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt, y la compañera sentimental de ambos, Beate Zschäpe, hoy encarcelada, gente del NPD alquiló pisos para ellos y presuntamente indicó escenarios idóneos para cometer los atentados y los asesinatos a lo largo y ancho del país. En medios policiales se estima que este entorno colaboracionista implicó a más de cien personas. Como resultado, la célula terrorista disponía de ficheros con 386 direcciones y nombres de víctimas y objetivos potenciales en 14 ciudades alemanas: activistas de izquierda, políticos, instituciones judías o de integración de inmigrantes .
Agentes e informantes de los servicios secretos estuvieron en algunos casos en el lugar del crimen poco antes de que se produjera. Mientras las hazañas del trío eran inmortalizadas en canciones de rock y vídeos que circularon entre neonazis, la policía investigaba como sospechosos a familiares de los asesinados, y en la prensa se recreaba una bochornosa hipótesis de ajustes de cuentas de la mafia turca por la que la propia canciller Merkel tuvo que disculparse en nombre de las instituciones alemanas.
Una vez destapada toda la trama y mientras los medios de comunicación presentaban el asunto como “error” o “chapuza”, diversos departamentos de seguridad continuaron destruyendo documentación destinada a la investigación judicial u ocultándola a la comisión de investigación parlamentaria.
En ese contexto se llega al actual inicio del intento de ilegalización judicial del NPD. Pero he aquí que el partido está tan infiltrado por los servicios secretos que ese hecho complica el propósito. Ya ocurrió en el 2003 cuando el Tribunal Constitucional desestimó la ilegalización porque el grueso de la prueba incriminatoria procedía de infiltrados de la policía o los servicios secretos. Entre otras cosas, la sentencia del Tribunal Constitucional mencionó entonces el peligro que una ilegalización supondría para los agentes secretos infiltrados y confidentes.
Recordando aquel fracaso judicial, la canciller, Angela Merkel, el presidente del Bundestag, Norbert Lammert, y el ministro del Interior, Hans-Peter Friedrich, han hecho declaraciones de tono melancólico poniendo por delante los riesgos de un intento ilegalizador mal o insuficientemente preparado. Esa prudencia y prurito suelen ser tanto más acusados cuanto más a la derecha está el político quien las formula.
“Esa reserva puede ser razonable, pero tiene un problema, incluso un gran problema si lo comparamos con la situación en otras democracias europeas: aquí tenemos por lo menos mil ataques violentos al año y unos 13.000 neonazis potencialmente violentos a los que el NPD alimenta ideológicamente y ofrece cierto sentido de legitimidad”, considera Hajo Funke, experto de la Universidad Libre de Berlín. Funke considera que una ilegalización, “obligará a la policía a tomarse en serio el asunto”, porque “hay una tendencia a subestimar el problema” y a dar prioridad a la amenaza islamista, explica.
El Consejo Coordinador de los Musulmanes de Alemania ha presentado un informe sobre el caso NSU en el que afirma que el fracaso policial no fue un accidente. Su portavoz, Erol Pürlü, ha ido más allá: ha pedido una desnacificación de las autoridades y funcionarios del Estado para que todos los responsables sientan las consecuencias de su fracaso a la hora de detectar a extremistas de la ultraderecha.