Si no lo remedia la contestación social, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón convertirá a Higinio Pi en un delincuente.

No es que ante su sola presencia Higinio Pi se haga malo de golpe, como un gremlin que comiera después de la medianoche.

No es que al oír el nombre del político, Higinio Pi jesuita, 49 años, militantemente bonachón sea abducido por el lado oscuro de la fuerza como un Darth Vader sin careta.

El devenir de bueno a malo del religioso Higinio Pi se explica por el anteproyecto de Código Penal y su catecismo normativo.

Está en el artículo 318 bis: «El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional (…) a entrar [a España] o a transitar (…) será castigado con un pena de multa de tres a 12 meses o prisión de seis a dos años».

Higinio Pi, su proyecto de vida solidario y su debut inminente como supervillano. Con lo que ya saben a qué atenerse si se lo cruzan. «Vivimos un grupo de jesuitas con varios chavales africanos sin papeles. La idea es aportar un espacio de acogida, acompañar», comenta Higinio. «Frente al miedo al diferente, hay que expresar una realidad alternativa; frente al miedo que da el desconocimiento, está el rostro de la cercanía. Con eso cambias la mirada. Eso es precisamente lo que impide esta ley».

Todos contra el artículo 318 bis. Ese es el motor de la plataforma Salvemos la Hospitalidad, un colectivo de reciente creación que anda recogiendo firmas para cambiar el anteproyecto y descriminalizar la solidaridad.

Porque el precepto no sólo condena al que dé morada a los sin papeles, sino también al que «ayude, con ánimo de lucro», a que permanezcan en nuestro país. Léase, por ejemplo, alquilarles una habitación. O dispensarles un menú del día. «El nuevo artículo 318 bis confunde socialmente conductas ilícitas e inmorales de trata de seres humanos con las prácticas humanitarias de solidaridad y asistencia hacia aquellas personas que transitan sin papeles por España», se lee en el manifiesto firmado, entre otros, por los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Ramón Saez Valcárcel.

«Se deja en manos del Ministerio Fiscal la posibilidad de acusar. Algo grave», se añade en el documento. «El objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular».

El proyecto de acogida jesuita nació hace unos seis años y medio y por esta casa han pasado ya hasta 20 chavales que encontraron aquí su bandera.

Hay turnos para la limpieza y juegos de mesa, ambiente de estudio y algo parecido a un hogar, un plato de fufu que ha elaborado Paul como sólo se hace en Malawi y una receta que trae Abdou (con sólo cerrar los ojos) desde el remoto Senegal. Qué raro es todo. Hasta las fiestas del cordero y de Nochebuena las celebran juntos, como una piña, como si los católicos comulgaran con los musulmanes y viceversa.

Lo cuenta orgulloso el jesuita Higinio con la boca bien llena y mirando atrás.

Gracias a que por entonces no había 318 bis, uno de aquellos sin papeles acabó regularizado y regentando un restaurante de comida africana; otro montó un locutorio con un microcrédito; otro está de camarero; otro trabaja en un taller de coches; otros están empleados en varias casas, y otro más anda estudiando en la universidad persiguiendo la utopía de ser médico.

Celebrando cada mañana que haya delincuentes como Higinio.