Más de 172.800 extranjeros están empadronados en la Castilla y León. Con el objetivo de promover su desarrollo social, económico, laboral y cultural, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el Proyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes por el que se garantiza el ejercicio de sus derechos (en materia sanitaria, educativa o de servicios sociales), así como las obligaciones a asumir por este colectivo como fundamento de convivencia. Con esta normativa, la autonomía será la segunda, tras la Comunidad Valenciana, en contar con un marco regulador en esta materia.

Como principal objetivo, la Junta se fija el reto de impulsar la «plena integración» de los extranjeros en la sociedad castellano y leonesa, explicó ayer el portavoz del Ejecutivo, José Antonio de Santiago-Juárez, quien matizó que la normativa establece la garantía del principio de igualdad de trato entre inmigrantes y nativos, la promoción de este colectivo en aspectos públicos y el respeto a su inteculturalidad. Asimismo, plantea como medio la coordinación entre administraciones, agentes y entidades implicadas en este área de actuación para «evitar duplicidades y ser más eficientes».

La futura ley repercutirá en los extranjeros extracomunitarios empadronados en la Comunidad, si bien se aplicará a los procedentes de a Unión Europea en el caso de que este marco pueda ser «favorable» para su integración en la sociedad de Castilla y León.

La nueva legislación contemplará la creación de Centros Integrales de Inmigración en cada una de las provincias, que se pondrán en marcha como espacios de referencia para los inmigrantes.