El Ministerio de Sanidad advirtió ayer que la tarjeta sanitaria vasca que se dé a los extranjeros sin permiso de residencia no tendrá validez nacional. Es la respuesta del departamento que dirige Ana Mato al auto emitido anteayer por el Tribunal Constitucional en el que acepta un recurso interpuesto por el Gobierno del ya exlehendakari Patxi López para seguir facilitando la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles, en contra del real decreto aprobado por el Ejecutivo de Rajoy que excluye a estas personas de la asistencia normalizada.

Con este auto, la sanidad vasca puede seguir proporcionando asistencia normal a sus inmigrantes en situación ilegal hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad. No así, en cambio, el copago farmacéutico, que deberá aplicar aunque también esté pendiente de resolver.

El portavoz del nuevo Gobierno vasco, Josu Erkoreka, anunció que el Ejecutivo seguirá personado en el procedimiento abierto contra el copago farmacéutico al estar “absolutamente de acuerdo” con los argumentos esgrimidos por el gobierno saliente de Patxi López.

“Respetamos el auto”, dicen fuentes del Ministerio de Sanidad. “Pero en ningún caso la intención del ministerio ha sido quitar la asistencia a nadie. Lo que ha hecho ha sido regular la condición de asegurado y ha dicho quién puede tener tarjeta y quién no”. Esa medida reguladora ha dejado a varios cientos de miles de extranjeros no comunitarios mayores de 18 años sin más atención que la urgente o el parto en toda España. Aunque con algunas diferencias. En Catalunya, por ejemplo, se decidió mantener los derechos asistenciales pero con un periodo de carencia de un año de residencia fehaciente. Durante ese periodo, que pretende evitar toda clase de turismo sanitario, los ciudadanos excluidos del sistema tienen acceso –además de a las urgencias, la atención integral a menores y durante el embarazo y parto, como marca el real decreto– a la asistencia primaria, incluida la farmacia, con un copago del 40%, a los planes de vacunación y de medicina preventiva que se establezcan, así como a la atención especializada que se autorice caso por caso. Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 600.000 ciudadanos que tenían tarjeta en Catalunya estaban fuera de registro y, de ellos, unos 180.000 eran extranjeros que quedaban excluidos, aunque la cifra real a finales del 2012 puede ser muy diferente.

Baleares, con el 21% de inmigrantes extracomunitarios de España, es la comunidad, según denuncia Metges del Món, donde ha habido más casos de desatención a inmigrantes con enfermedades graves, informa Ernest Carranza. Pero su conseller de Salut, Martí Sansaloni, dejó claro ayer que no tocará nada, que no recuperará la asistencia sanitaria para inmigrantes el situación ilegal porque la resolución del Constitucional no pone en entredicho la reforma de Ana Mato.

El Congreso, por su parte, ha instado al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas a velar por la adecuada actualización e intercambio de información de las bases de datos para que las personas aseguradas en otros estados miembros y que residan en España, con derecho a la asistencia sanitaria pública, estén correctamente identificadas y registradas en ellas.