BILBAO. La atención sanitaria universal, incluida a aquellas personas que carezcan de papeles por su condición de inmigrantes , quedará reducida a los límites de la Comunidad Autónoma Vasca. Así lo aseguró ayer el Gobierno español, que defendió su decisión de limitar la asistencia a personas que no tienen regularizada su situación, pese al fallo del Tribunal Constitucional (TC), que el lunes avaló la decisión del Gobierno vasco de atender a los inmigrantes sin papeles. La decisión del TC fue acogida con muestras de alegría por las organizaciones de profesionales de la sanidad, por las ONG y por algunos gobiernos autonómicos, como el andaluz. El Gobierno navarro, por su parte, aseguró que ellos seguirán atendiendo a los sin papeles.

Esta alegría no sentó demasiado bien en el Ejecutivo español, que ayer se apresuró a asegurar que “el País Vasco podrá dar si quiere tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, pero no será operativa en las demás comunidades autónomas”. Así lo manifestaron a Efe fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que incidieron en que el Gobierno vasco no podrá conceder a los sin papeles una tarjeta sanitaria “única e interoperable” a nivel estatal. Pese a ello, el Gobierno de Rajoy dijo que respeta el auto del Tribunal Constitucional que avala la atención sanitaria universal, incluido este colectivo.

Más allá fue el responsable del Partido Popular en Sanidad y Asuntos Sociales, y consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, quien aseguró que “si Urkullu quiere pagar las prótesis gratis a los alemanes, allá ellos, pero que no compliquen la vida al resto de españoles”.

Los médicos, a favor Una visión muy distinta fue la ofrecida por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (OMC), que celebró el auto del TC. En opinión del presidente de este colectivo, Juan José Rodríguez Sendin, la decisión de avalar la asistencia sanitaria también a los inmigrantes irregulares “coincide plenamente” con su posicionamiento. “Desde la corporación hemos defendido la atención sanitaria universal para todos los ciudadanos y eso mismo es lo que avala el TC aunque sea específicamente en el caso que nos ocupa”, señaló Sendín, quien recordó que el deber del médico es “atender a todos, en todo momento, independientemente de su situación legal y de los trámites administrativos”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC), Josep Basora, se felicitó por la decisión y aseguró que el TC reconoce a los miles de médicos que se han sumado a la objeción de conciencia para atender a este colectivo. Los pacientes opinan tres cuartos de lo mismo. El presidente del Foro Español de Pacientes, Albert Jovell, afirmó que el auto del TC “pone sentido común y coherencia”. “Nos alegramos por el hecho de que se reconozca que son diferentes las políticas de Interior de las sanitarias”, indicó. En este sentido, consideró que “es una buena noticia, porque a quien le corresponde decidir las políticas de Interior no es a Sanidad”.

derecho a la salud En el lado de los directamente afectados, la reacción vino de la mano de las organizaciones que les respaldan. Así, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Intermón Oxfam y Red Acoge acogieron con satisfacción la decisión de TC, al tiempo que aseguraron que, en su opinión, el fallo “implica la obligación de garantizar el derecho a la salud” a este colectivo en todo el territorio del Estado. En declaraciones a Europa Press, la secretaria general de la CEAR, Estrella Galán, insistió en que “todas las personas tienen derecho a la salud y nadie puede ser excluido”, una cuestión que “debe prevalecer sobre el supuesto beneficio económico” y no es negociable, “con o sin crisis”. Además, lamentó que se haya utilizado a los inmigrantes en situación irregular “como cabeza de turco por el gasto desmesurado que suponen a la sanidad, algo que no es real”. Por todo ello, hizo un llamamiento al resto de comunidades autónomas y al Gobierno español para que se vuelva a prestar la atención sanitaria a este colectivo porque, a su juicio, “queda mucho por hacer”.

El llamamiento a las otras comunidades tuvo respuestas de muy diferente tono. Mientras la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, aplaudió el auto, la Consejería de Sanidad de Cantabria se apresuró a decir que las tarjetas sanitarias que expida Euskadi a los inmigrantes “solo tendrían validez en esa comunidad”. Cantabria está entre las nueve comunidades que aplican sin paliativos la no atención de los inmigrantes sin papeles; las otras son Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón.