Limitar el acceso a la sanidad para determinados colectivos puede afectar no solo a su salud sino a la de toda la sociedad. Ese es el principal argumento del Tribunal Constitucional para avalar la atención sanitaria universal. Además, el alto tribunal considera que el derecho a la salud, que consagra la Constitución, debe prevalecer sobre el beneficio económico vinculado al ahorro que la discriminación en la atención sanitaria supone. La doctrina que anticipa un auto del TC —la sentencia tendrá que esperar— echa por tierra el acceso restringido a la sanidad que el Gobierno de Mariano Rajoy implantó con los recortes aprobados en abril, que excluía a los sin papeles de la asistencia normalizada —solo contempla su atención gratuita en urgencias, parto y posparto—. Y lo hace levantando la suspensión de un decreto del Gobierno vasco que se rebelaba contra la medida.

El alto tribunal no admite, sin embargo, la eliminación del aumento del copago farmacéutico, que también incluían las medidas de Rajoy, y contra el que también se posicionó el entonces Ejecutivo de Patxi López. En cualquier caso, no entra a determinar el conflicto de competencias, algo que dirimirá en la sentencia posterior. En el auto, adoptado por el pleno, el Constitucional atiende las alegaciones del Gobierno vasco respecto a que excluir a determinados colectivos de la atención sanitaria “repercutiría no solo en su estado de salud individual sino en la prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto-contagiosas, afectando seriamente a la salud de toda la sociedad”.

La exclusión de la asistencia normalizada de los extranjeros en situación irregular —a quienes se desactivó las tarjetas sanitarias el 1 de septiembre— ha sido uno de los puntos clave de la reforma del Gobierno. El País Vasco trató de sortearlo con un decreto que fue recurrido al TC por el Ejecutivo de Rajoy. Para seguir garantizando la asistencia universal, el Gobierno vasco argumentó que el colectivo de sin papeles es “el que resulta más afectado por patologías infecciosas” como el VIH, la tuberculosis, la meningitis tuberculosa, el paludismo y la hepatitis B, “que presentan una prevalencia en la población inmigrante superior a la española y cuya falta de seguimiento puede dar lugar a un estado de alarma social por deterioro de la salud pública”. Dejar a estas pesonas “sin el apoyo clínico sanitario, supondría un riesgo de contagio para el resto de la población”, defendía también.

Estos argumentos de salud pública están también en el trasfondo del auto del Constitucional. Este indica que todos los poderes públicos deben “garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud”, y esgrime que el argumento del ahorro, en el que se basó el Gobierno para limitar la atención sanitaria, no puede prevalecer sobre el interés general de preservar la salud. La “conveniencia de evitar riesgos para el conjunto de la sociedad”, y la importancia de mantener el derecho a la salud y a la integridad física de las personas no pueden verse desvirtuadas “por la mera consideración de un eventual ahorro económico” que, como indican, ni siquiera se ha concretado.

Lógicamente, la resolución del Constitucional habla solo del caso vasco, pero su alcance es más amplio. Y es que Euskadi no es la única autonomía que se ha rebelado ante la decisión del Gobierno de expulsar de la asistencia normalizada a los sin papeles —unos 150.000—, a quienes se pretende cobrar por una atención a la que ellos, como el resto de la población, contribuyen con sus impuestos. También en Andalucía, Asturias y Cataluña siguen teniendo tarjeta sanitaria. En otras cuatro comunidades —Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra— no tienen ese documento, pero las autoridades tratan de darles asistencia a través de otras fórmulas administrativas.

No obstante, esa postura no es mayoritaria. Nueve autonomías aplican el decreto a rajatabla: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón. Allí, a los inmigrantes irregulares solo les queda la opción de pagar por el servicio, contratar un seguro o recurrir a las organizaciones que tienen programas gratuitos.

Pese a esta realidad, el Ministerio de Sanidad afirma que la reforma sanitaria no tiene por objetivo la exclusión de los sin papeles. “En ningún caso el Ministerio ha querido que se deje de dar asistencia sanitaria a nadie. Solo ha regulado la condición de asegurado”, asegura una portavoz del departamento que dirige Ana Mato. “Por supuesto, respetamos y acatamos la resolución del Constitucional”.

Andalucía —que también recurrió la reforma al Constitucional— ha recibido el auto como una buena noticia. Esta región no garantizar por decreto la tarjeta sanitaria a los sin papeles, pero lo está haciendo de facto. “Atender a todas las personas es una garantía para el modelo sanitario. Cualquier barrera en la atención no solo es una injusticia, también es una bolsa de ineficiencia y un problema de salud pública”, dice una portavoz de la consejería.

Teresa Maura, presidenta de Médicos del Mundo en País Vasco, también habla de riesgo. “En las comunidades que aplican el decreto, estas personas solo pueden ir a urgencias, lo que implica que no tienen continuidad en la asistencia, no se les atiende de manera normalizada ni racional”, critica. Esta médico cree que la resolución del Constitucional es significativa porque toca cuestiones de fondo, como la universalidad de la cobertura sanitaria y la importancia de la salud pública. Un modelo por el que se había guiado España, dice, hasta la llegada de Rajoy. “El derecho a la sanidad tiene que ser para todas las personas y en igualdad de condiciones. Eso no debe cambiar nunca”, apunta.