El Tribunal Constitucional avala la decisión del Gobierno vasco de prestar atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, pero mantiene la suspensión de la norma vasca que reduce el porcentaje del copago farmacéutico y amplía la lista de quienes están exentos de él. Sobre el derecho a que los inmigrantes sin papeles puedan ser atendidos en el sistema de salud público vasco, el Constitucional acepta los argumentos del Gobierno vasco, lo que constituye un precedente significativo respecto a la implantación de esta medida en otras comunidades autónomas. En cuanto a la eventual exención del copago sanitario, aunque el Tribunal no entra en la cuestión de fondo, sostiene que levantar la suspensión cautelar del decreto vasco causaría «perjuicio económico» para el control del déficit. Pero al imponer a Euskadi el cobro por los medicamentos con los mismos porcentajes que en el resto de España mantiene abierto un conflicto sobre el que el nuevo Gobierno vasco deberá pronunciarse.