La Junta de Andalucía desvió fondos destinados a la inmigración a obras en la sede de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, una entidad afín al PSOE que ahora se encuentra en concurso de acreedores por insolvente, con una deuda cercana a los tres millones de euros. Eso, a pesar de que ha recibido en los últimos años al menos cuatro millones de euros en subvenciones públicas de la Administración andaluza y del Gobierno central.

La Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, encuadrada en la Consejería de Empleo andaluza, concedió a la Federación de Mujeres Progresistas una subvención «con carácter excepcional y por urgencia social» de 32.757 euros para la «ejecución de obras de conservación». Así se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja) del 8 de febrero de 2012, apenas tres meses antes de que la entidad solicitara el concurso de acreedores.

La resolución de Empleo está firmada el 20 de enero de 2012, fecha en la que la asociación ya acumulaba importantes deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, algo que tendría que haber impedido que siguiera recibiendo ayudas, como marca la Ley General de Subvenciones.

De hecho, el Gobierno central paralizó por este motivo un incentivo de 100.000 euros en octubre de 2011, mientras la Junta andaluza seguía repartiendo dinero a esta entidad presidida por Alicia Vañó, una feminista muy bien relacionada con dirigentes del PSOE y que estuvo casada con un alcalde socialista.

El desvío de fondos para obras de reforma en la sede de Sevilla de esta entidad se une además a la subvención de 300.000 euros, concedida también por la Junta, para la compra del local un bajo de 580 metros en el centro de la capital hispalense. Una subvención de la que ya informó EL MUNDO y que también fue cargada al presupuesto andaluz destinado a inmigración.

Lo llamativo de las obras de reforma en el local del centro de Sevilla es que la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía cobró la ayuda de la Junta, de 32.757 euros, y otra de La Caixa, de 20.000 euros, pero finalmente no pagó la reforma, según las fuentes consultadas por este diario.

El coste de las obras fue asumido por la comunidad de propietarios del edificio donde está instalada la sede. De hecho, esta comunidad de propietarios aparece en el listado de acreedores de la Federación, con una deuda de más de 25.000 euros, entre los que también se incluyen las cuotas impagadas de la comunidad de vecinos.

Como la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía no ha justificado la subvención para la obra, ahora la Junta trata de que lo haga, a pesar de que la entidad está inmersa en el concurso de acreedores. El Boletín Oficial de la Junta del pasado 27 de septiembre publicó el anuncio de un requerimiento de la Consejería de Justicia e Interior para que la asociación justifique la subvención para la «ejecución de obra de conservación», ya que las «notificaciones personales han resultado infructuosas».