Sufren en silencio vejaciones, intentan suicidarse, contraen matrimonios con hombres que ni siquiera conocen y algunas veces no van al colegio ni pueden salir de casa sin compañía de un familiar. La ablación del clítoris, la negativa de ciertas familias inmigrantes a escolarizar a sus hijas adolescentes y las bodas forzosas sacrifican los valores democráticos, como la dignidad o la libertad, de algunas jóvenes magrebíes que residen en la Comunitat Valenciana.

Pero estas imposiciones de minorías religiosas o culturales tendrán muy pronto su castigo. La tipificación por vez primera como delito del matrimonio forzado, con una pena de hasta tres años de cárcel, es una de las cuestiones fundamentales del anteproyecto de Código Penal aprobado por el Gobierno a instancias del ministro de Justicia, Alberto Ruiz – Gallardón.

«No hay ninguna excusa para obligar a una persona a casarse con otra. El matrimonio debe celebrarse de mutuo acuerdo entre los cónyuges en la religión islámica», asevera Amparo Sánchez, vicepresidenta del Centro Islámico de Valencia. Con estas palabras, Sánchez condenó ayer las bodas forzosas de algunas jóvenes musulmanas que residen en la Comunitat. «Nosotros siempre apoyamos y asesoramos a la víctimas, y siempre tienen abiertas las puertas del centro», añade la dirigente musulmana.

Según datos de la Guardia Civil, la mayoría de jóvenes residentes en la Comunitat que son obligadas a casarse con hombres – que les duplican y triplican la edad – son menores magrebíes que no denuncian las coacciones por miedo a represalias. Las bodas se suelen celebrar en países de la zona del Magreb y Asia, donde los padres acuerdan el enlace de sus hijas sin su consentimiento a edades tempranas, incluso desde los 13 o 14 años.

Al no presentar denuncia, las Fuerzas de Seguridad del Estado no detectan estos casos. Otras veces, los agentes de la Guardia Civil o la Policía Nacional actúan de oficio, pero no pueden demostrar los delitos de malos tratos o coacciones. Una advertencia o una sospecha de un profesor puede activar el protocolo de protección de la menor si el centro escolar informa, por ejemplo, de que la adolescente tiene previsto desplazarse de forma imprevista a su país de origen.

Un hematoma, las faltas reiteradas a clase u otros indicios de maltrato ponen en alerta también a los servicios sociales. En algunas ocasiones, una llamada de un vecino permite frustrar un matrimonio forzado. El pasado viernes, una mujer telefoneó a la Guardia Civil tras ayudar a una joven marroquí que intentó suicidarse en Alcossebre. Salija E., de 18 años, trató de quitarse la vida porque su padre le obligaba a casarse con un hombre, al que ni siquiera conocía la víctima. Su familia la encerró cuatro días en su casa por no aceptar el casamiento, que iba a celebrarse en Marruecos. Además, su hermano la golpeó varias veces y le quitó la tarjeta de residencia para doblegar su voluntad. La chica salía en contadas ocasiones de casa y lo hacía siempre acompañada por un familiar masculino.

El padre y el hijo de la víctima fueron detenidos por los delitos de maltrato en el ámbito familiar y coacciones. Con la próxima reforma del Código Penal, los jueces condenarán hasta con tres años de prisión a quienes con violencia o intimidación obliguen a otro a contraer matrimonio. Además, el delito se considerará agravado cuando se sume la exigencia de abandonar el territorio nacional o de no regresar a España. Los Mossos d’Esquadra han evitado este año cinco bodas forzosas en las que se iba a someter en sus países de origen a chicas menores de edad que residen en Cataluña. La Policía Nacional no ha detectado en 2012 ningún caso similar en la provincia de Valencia.