La Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia de un Juzgado de lo Penal que, hace ahora un año, condenó por estafa a un vecino de Abarán que prometió a otro que le conseguiría un permiso de residencia porque era amigo del director de la Oficina de Inmigración. A cambio de este documento recibió la cantidad de 500 euros.

La sentencia indica que el juez de lo Penal recogió como hechos probados que «el acusado no llegó a realizar ninguna gestión, apoderándose de la citada cantidad de dinero que, varios meses después, y a requerimiento del denunciante, devolvió íntegramente». La resolución de la Audiencia indica, tras haber analizado el recurso de apelación del acusado, que «la versión que sostiene de que el dinero iba destinado a un abogado para tramitar la regularización se desdibuja». Lo hace «desde el momento en que dicho profesional no fue identificado por el denunciado en la instrucción de la causa».

Carente de credibilidad

Asimismo, afirma que esa versión queda igualmente carente de credibilidad al comprobar que hizo entrega al denunciante de una tarjeta de visita de quien en ese momento era director general de Inmigración de la Comunidad Autónoma. La sala tampoco accede a su petición de reducción de pena en base a su alegato de que devolvió el dinero, «ya que lo hizo», indica la sentencia, «varios meses después de recibirlo y cuando tuvo noticias de las acciones que se preparaban contra él para recuperarlo».