madrid. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó ayer la excarcelación de Gao Ping, presunto líder de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la operación Emperador, así como de otros once integrantes de su cúpula, debido al error judicial en la prórroga de su detención el pasado octubre.

Andreu decretó la puesta en libertad pedida el pasado lunes por las defensas de Gao Ping y otros presuntos cabecillas de la red, entre ellos la mujer del líder, Yang Lizhen, y el presunto responsable del aparato extorsionador de la trama mafiosa, Li Haibo. El resto de excarcelados son Ying Quiaoya, Dinghua Ying, Ramón Antonio Aponte Alexander, Jingjie Ying, Augusto Edwin Su Hesmhant, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Qibao Guo, Qiufen Wang.

deberes Unas excarcelaciones que el magistrado ordena “aún estando en contra del superior criterio” de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia de que la prórroga de la detención que decretó en octubre fue ilegal, pero que debe “acatar”, asegura en sus resoluciones.

Andreu ha tomado esta decisión a pesar de la oposición de los fiscales y ha impuesto a los doce excarcelados las medidas cautelares que reclamaba Anticorrupción de prohibirles abandonar el territorio nacional, retirarles el pasaporte y obligarles a comparecer diariamente en la Audiencia Nacional. Estas puestas en libertad se producen después de que la Audiencia declarara la semana pasada ilegal la prórroga de las detenciones dictada por el juez Andreu y ordenara la puesta en libertad de otros cuatro imputados, entre ellos uno de los lugartenientes de Ping, Wei Li, y el presunto responsable de la contabilidad de la red y directivo de su trama empresarial, Kay Yang. Andreu amplió 72 horas más de las contempladas en la ley el arresto de la cúpula por considerar que no podía mandarles a prisión sin que declarasen antes.

las claves

· Error judicial. Para justificar la ilegalidad de la detención, la sección tercera se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional del caso Malaya en la que se declaraba irregular una ampliación de detención, pero Andreu considera que en este caso se trata de “supuestos fácticos y jurídicos diferentes”. Los fiscales anticorrupción han recurrido la decisión.