Doscientos jueces de toda España, pertenecientes a distintas categorías y asociaciones así como no asociados, han firmado un manifiesto para denunciar ante la opinión pública el «ejercicio abusivo» por el Gobierno de la facultad de indulto tras el doble perdón de penas otorgado a cuatro agentes de la policía autonómica catalana condenados por torturas.

El manifiesto, titulado Contra la indulto como fraude, explica que la Audiencia Provincial de Barcelona condenó en 2008 a cuatro mossos d’esquadra por «hechos gravísimos» de torturas y lesiones a un ciudadano rumano al que detuvieron por error.

La condena, confirmada en lo sustancial por el Tribunal Supremo, fue objeto de un primer indulto el pasado febrero. El Gobierno redujo las penas a dos años de prisión y sustituyó la inhabilitación acordada por los jueces por una suspensión, que permite el reingreso en el cuerpo.

La Audiencia de Barcelona, «en estricta aplicación de lo previsto en el Código Penal», acordó el cumplimiento de la pena que quedaba tras ese primer indulto y decretó el ingreso de los agentes en prisión para el 10 de diciembre. El Gobierno decidió el pasado viernes otorgar un segundo indulto para librarles de la cárcel, sustituyendo la pena de prisión por una multa.

Los jueces firmantes del manifiesto señalan que la actuación del Gobierno en este caso «supone un menosprecio a los miles de agentes de Policía (de cualquiera de sus cuerpos) que en todo el Estado cumplen a diario con sus funciones democráticas, que no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía».

«Es un ejercicio abusivo por el Poder Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las funciones de esta institución, que supone una afrenta al Poder Judicial», añaden, y supone «una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio».

A su juicio, esa doble reducción de penas «parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial».

Además, consideran que «no existe motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido».

«Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la Judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional».

El manifiesto, promovido por dos magistrados de Barcelona pertenecientes a la asociación Jueces para la Democracia, tiene la adhesión de magistrados de todas las instancias, incluidos dos del Tribunal Supremo Joaquín Giménez y Perfecto Andrés así como el presidente de la Audiencia de Tarragona, Javier Hernández. También lo ha firmado la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, replicó ayer mismo el manifiesto subrayando que el indulto es potestad del Gobierno y no competencia del Poder Judicial, informa Europa Press.

Al ser preguntado en los pasillos del Congreso de los Diputados, el titular de Justicia señaló que el ordenamiento jurídico otorga al Gobierno la facultad de «poder modular lo que es la aplicación concreta de la ley en aquellos supuestos donde está justificado» y añadió que las excepciones establecidas en la legislación sobre la concesión del perdón «no eran aplicables» al caso de los cuatro mossos.

«Respetando las coincidencias o discrepancias, lo que no puede de ninguna de las formas es pensarse que otros poderes del Estado pueden asumir competencias que no son suyas porque la Constitución se las da al Gobierno, y el indulto no es una facultad del Poder Judicial», remarcó.