La nueva junta directiva de la Comisión Islámica Española (CIE) se presentó ayer a la prensa para proclamar el fin de «la dependencia de los estados extranjeros». «Defendemos un islam español, no vamos a aceptar la influencia de ningún país», prometió uno de sus vocales, Yusuf Fernández. «Somos dos millones de musulmanes con nacionalidad española. Ya no se puede hablar de un islam sólo de inmigrantes, sino de españoles universitarios y profesionales», resumió el presidente, Mounir Benjelloun.

Desde que, en 1992, naciera el máximo órgano de representación de los musulmanes (cuando apenas eran 100.000), la CIE ha estado marcada por la presión internacional ejercida sobre sus dos federaciones: la Ucide, presidida desde siempre por el español de origen sirio Riay Tatary, y la Feeri, liderada durante años por el promarroquí Mohamed Hamed Alí. Los dos dirigentes, por cierto, se llevaban tan mal que eran incapaces de llegar a acuerdos y esta institución ha estado inoperante durante años.

Pero la bicefalia se rompió en noviembre de 2011, cuando el Gobierno aprobó un real decreto que permitió que en la CIE pudieran entrar más federaciones. La norma abrió la puerta a todas las comunidades que se habían quedado fuera y que, desde hace años, pedían incorporarse y poder elegir democráticamente a sus representantes. La CIE se encarga de negociar con el Estado el reparto de fondos, los imames, la asistencia religiosa en las escuelas y cárceles o la creación de cementerios.

El pasado día 19 se celebró una asamblea en Leganés (Madrid) en la que se eligió la nueva junta directiva de la CIE, por 13 votos a favor (los de las 12 nuevas federaciones y la Feeri) y uno en contra, el de la Ucide.

La Ucide, que representa al 60% de las 1.228 comunidades actualmente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, va a impugnar esta asamblea y sus acuerdos. Según explicó ayer Tatary a EL MUNDO, «lo que han hecho no es conforme a Derecho». «Han realizado una convocatoria unilateralmente y están infringiendo los estatutos», denunció.

La nueva cúpula argumenta que la Ucide participó en la asamblea e incluso votó en ella, por lo que ya la ha legitimado con su presencia y al no interponer ninguna objeción previa. «Todo se ha realizado conforme a los estatutos y la ley», sostiene el secretario, Francisco Jiménez Jiménez.

El hecho de que la Ucide sea la federación que representa a más comunidades del islam no es, en realidad, motivo de controversia, porque los estatutos de 1992 dejan claro que lo que cuenta es el número de federaciones y no de entidades. Es decir, una federación con 600 entidades como la de Tatary tiene los mismos votos que una federación con 10.

Tatary no tiene nada que objetar a este aspecto, pero arguye que sólo la Ucide y la Feeri tienen derecho a voto porque las 12 federaciones restantes no forman parte aún de la Comisión Permanente. Mounir Benjelloun lo niega: «No es cierto, las 14 federaciones estamos ya en la Comisión Permanente».

En cualquier caso, Benjelloun insiste en que la junta directiva que encabeza es provisional y que el objetivo es que, dentro de seis meses, se celebren elecciones. De hecho, en los nuevos estatutos que han redactado, que presentarán la semana que viene en el Ministerio de Justicia, han cambiado el sistema de elección para que los votos se decidan en función de las comunidades y no de las federaciones. Se daría así la circunstancia de que Tatary podría ser elegido nuevo líder al ser el mayor representante de comunidades. «Queremos que el sistema sea el más democrático posible, aun a riesgo de perder la presidencia», dicen los miembros de la nueva CIE.