El debate sobre la construcción de la primera mezquita de Basauri se trasladará a un pleno municipal la próxima semana. Y de momento, se desconoce el sentido del voto de dos de los grupos que inclinarán – o no – la balanza para proceder a una importante modificación normativa.

Los responsables municipales, liderados por Andoni Busquet, llevarán una propuesta para que no se puedan instalar centros de culto en edificios residenciales, si no en la periferia de la localidad y en zonas industriales. Una medida con la que pretenden «salvaguardar el interés general de la comunidad y promover la convivencia social». De momento, el único partido de la oposición que se manifestó ayer en contra de la propuesta fue Bildu. Los ediles rechazaron el proyecto en la comisión de Política Territorial y de Contratación.

Han presentado alegaciones al entender que «el procedimiento no corresponde a un criterio urbanístico consensuado sino a una burda y discriminatoria respuesta a una solicitud», ya que se inició después de que la comunidad musulmana plantease la construcción de un centro de culto en Basauri. Mientras, PP y PSE se abstuvieron en la comisión de ayer, aunque sin desvelar el sentido de su votación durante la próxima semana. Aunque la portavoz del grupo municipal socialista, Loly de Juan, quiso dejar claro que están en contra «de las formas en las que se oficializó, a través de un decreto que supone un abuso de derecho».

«Se siguió el procedimiento»

Una acusación que niega taxativamente el equipo de gobierno, ya que según argumentaron, en julio se inició el expediente de modificación puntual siguiendo «el procedimiento legalmente establecido» y se continuó con «el correspondiente periodo de información pública del expediente y 20 días de plazo para la presentación de alegaciones».

Además, fuentes del gobierno local añadieron que la Ley de Suelo y Urbanismo permite suspender la concesión de licencias para el uso religioso en suelo residencial hasta que se tramita la modificación.

La comunidad musulmana local, mientras, ha presentado su propio recurso. Sin embargo, tanto el suyo como las alegaciones de Bildu se han desestimado al entender los mandatarios que «la modificación respeta los principios de igualdad y no discriminación y el derecho a la libertad religiosa y de culto, ya que se refiere a cualquier centro». El equipo de gobierno sostiene que «no prohíbe en ningún caso la implantación en el municipio de nuevos centros de culto, solo regula dónde puede ubicarse en aras de compatibilizar la libertad religiosa y la convivencia», alega.