El debate abierto por Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio, respecto de la concesión del permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda de más de 160.000 euros recuerda mucho al que rodea al proyecto Eurovegas. También aquí los escrúpulos políticos y morales intervienen para juzgar y condenar lo que no es más que una realidad económica.

Primero, sorprende la crítica de sectores que fueron partidarios de la amnistía que se concedió en 2005 a casi 700.000 inmigrantes ilegales. ¿Papeles para todos? ¿Por qué no entonces para los ciudadanos extracomunitarios que compren una casa en España?

En segundo lugar, esta estrategia no es novedosa. Países que han tenido burbujas inmobiliarias como Reino Unido e Irlanda, o que padecen crisis fiscales, como Portugal o Italia, han adaptado su legislación para facilitar la compra de activos, especialmente en áreas turísticas. EEUU lo está estudiando.

En tercer lugar, es absurdo privar del valor de uso a estos bienes, que es lo que realmente hace la legislación sobre residencia al no permitir a los ciudadanos extracomunitarios que inviertan en un activo que únicamente se puede disfrutar en España.

Sólo la premura o el exceso de celo permite entender que líderes como Rosa Díez, de UPyD, reaccionaran contra la propuesta encarnando un desorbitado pudor institucional. No se trata de vender la ciudadanía por una vivienda o de añadirle un plus, como se dice, sino de levantar una barrera burocrática que impide a ciudadanos de zonas que se están enriqueciendo rápidamente adquirir una vivienda para disfrutarla aquí. En 2011, el 6,04% de las compras de viviendas fueron de extranjeros frente al 4,45% de 2010, según la estadística del Colegio de Registradores. Y los ciudadanos rusos figuran los cuartos en este ranking y los chinos los novenos.

Si la vía del turismo residencial hubiera prosperado y no hubiera quedado cortada por la crisis, esta reforma también sería necesaria. Porque nuestras leyes de residencia son tan intervencionistas que se puede dar el caso de que un extranjero con permiso de residencia y que quiera disfrutar de su propio piso de vacaciones en España deba acreditar que los menores a su cargo están escolarizados, aunque sólo quiera permanecer por temporadas en el país. De igual modo, si no quiere perder dicho permiso, está obligado a permanecer más de seis meses al año en el país.

Con todo, los requisitos para los compradores de viviendas con derecho a residencia siguen siendo elevados. No sólo deben carecer de antecedentes penales o no figurar como rechazables según el acuerdo de Schengen, lo que es lógico, sino que tienen que acreditar medios económicos suficientes para su estancia y contar con un seguro público o privado de enfermedad. Obviamente no pueden trabajar si no tienen permiso de trabajo.

Lo más criticable de esta medida es que exista una barrera de entrada discrecional (160.000 euros, que algunos consideran poco en comparación con países vecinos que exigen en torno a 500.000 euros). Pero entre un muro disuasorio que es lo que tenemos ahora y esta propuesta, claramente se avanza en una dirección de liberalización.