La propuesta del Gobierno para conceder el permiso de residencia a aquellos extranjeros que adquieran una vivienda con un precio superior a 160.000 euros abrió ayer una brecha en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El presidente de la patronal, Juan Rosell, echó un jarro de agua fría sobre la medida pidiendo al Gobierno su «análisis en profundidad para evitar que tenga más consecuencias negativas que positivas». «Lo importante es analizarlo en profundidad, con seriedad y con rigor. Si no creamos bulos, inflamos burbujas y después nos explotan en las manos», advirtió Rosell durante la celebración de la Cumbre de Industria en la sede de la confederación.

Las palabras de Rosell sentaron como un puñetazo en el estómago en la rama de la patronal dedicada al sector de la construcción. El presidente de la patronal inmobiliaria (Asprima), José Manuel Galindo, dijo ayer en conversación con EL MUNDO «no entender» la reacción de Rosell porque «todos los efectos económicos de la medida son positivos». Desde Asprima realizarán una solicitud interna a través de la patronal empresarial para conocer «en qué se fundamenta» la valoración de Rosell, que el propio Galindo miembro de la junta directiva de CEOE calificó de «sorprendente». «La reacción entre los sindicatos no nos sorprende por el tema social de la cuestión, pero entre las empresas sí porque, a efectos económicos, la medida es muy positiva», añadió Galindo.

En Asprima argumentan su apoyo a la medida con cifras. Según su máximo dirigente, en España hay 225.000 viviendas turísticas en stock, que son realmente aquellas que potencialmente irían destinadas al cliente extranjero. Si estos inmuebles se multiplican por la barrera de 160.000 euros que el Gobierno ha fijado como barrera para optar a los papeles de residencia, el impacto de la medida sería de unos 36.000 millones de euros. «Sería dinero extranjero que vendría a España y contribuiría, por otro lado, a limpiar el balance de los bancos a través de la venta de casas», explica Galindo.

Por su parte, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) publicó ayer un comunicado para resaltar que la propuesta del Ejecutivo va «en la buena dirección». En la patronal de las constructoras aplauden la medida porque consideran que contribuirá a revitalizar el sector inmobiliario «vital» para España y a dinamizar la economía española.

En el otro frente, fuentes empresariales cercanas a Rosell consideran que el Gobierno debería tener en cuenta las consecuencias «económicas y sociales» de esta propuesta antes de sacarla adelante. De esta forma, estas mismas fuentes creen que la medida tendría «un efecto positivo a corto plazo al permitir reducir el stock de viviendas», pero temen que las consecuencias para la economía no sean tan buenas en el medio y largo plazo. «Se trata de una medida coyuntural, por lo que su vigencia debería ser limitada», proponen.

No obstante, el Gobierno enfrió ayer la medida señalando que se trata sólo de «una propuesta» sobre la que aún «no se ha tomado una decisión». Los ministros de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, coincidieron en señalar que «no hay ninguna decisión al respecto» y que «la decisión no está tomada», ya que requiere el consenso de hasta un total de seis ministerios (Empleo, Fomento, Interior, Hacienda, Exteriores y Economía). Soria, además, valoró que el Gobierno cumple con su obligación de «poner sobre la mesa» medidas «para contribuir a que la acumulación del activo inmobiliario pueda ir saliendo» en los próximos años.