La idea del Gobierno de dar papeles a los extranjeros que compren casas de 160.000 euros indignó ayer a ONG, sindicatos, colectivos de inmigrantes y partidos de la oposición. El PSOE acusó al Ejecutivo de «mercantilizar» con los permisos de residencia y UPyD dijo que se pone España «en venta, al mejor postor».

No ha tenido buena acogida la propuesta lanzada ayer por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, de otorgar el permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda en España por importe superior a 160.000 euros. Por ahora sólo es una idea y, de hecho, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que «sobre eso no hay tomada ninguna decisión». Pero el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ya habló también de ella el día 14 en el Congreso.

La medida, enfocada especialmente al mercado ruso, chino y árabe, supone una reforma del Reglamento de Extranjería de 2011, que establece varias modalidades de residencia: por trabajo, investigación, reagrupación familiar… Los papeles también se pueden conseguir y en este supuesto se basa el Gobierno si el extranjero se compromete a no trabajar en España y tiene «para su sostenimiento» una cantidad que represente mensualmente el 400% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), que para 2013 es de 532 euros.

«Sólo aceptamos ciudadanos ricos», resumió UGT. CCOO también consideró el anuncio «raro».

El Grupo Parlamentario Socialista pidió la comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, de quien dependen las competencias en inmigración, para que explique este anuncio «sin pies ni cabeza», «oportunista», «inverosímil» y «poco serio» que conlleva, en la práctica, «mercantilizar» los permisos de residencia y supone un «agravio comparativo» hacia los residentes españoles, sean o no inmigrantes. Y en esa línea habló también el Consejo General de la Abogacía Española, que opinó que cabrían «arbitrariedades» o «amiguismos».

«A mí me parece de una absoluta falta de vergüenza», indicó a Efe Rosa Díez. La iniciativa es, para la portavoz de UPyD, «una tropelía que demuestra que España está en venta, al mejor postor».

Díez coincidió con muchos de los consultados por este diario en que esta medida podría beneficiar a las mafias y favorecer el «blanqueo de dinero». El Reglamento de Extranjería, de hecho, dice ahora que el solicitante de la residencia debe carecer de antecedentes penales en España y en todos los países anteriores «donde haya residido en los últimos cinco años», pero no concreta qué pasa con los que cometieran delitos hace más tiempo.

También criticaron la medida ONG como SOS Racismo, o la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía, que recordó que los inversores extranjeros no necesariamente quieren residir en España. Y los propios inmigrantes, que ven en esto «una burla a miles de personas».

Pero, más allá de su componente social, los analistas coinciden en que la medida es acertada desde el punto de vista económico y responde a la necesidad de ampliar el espectro de compradores que puedan dar salida al excedente de casas nuevas sin vender, que se acumulan desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Un stock que, como recordó Julio Gil, socio de Horizone Consulting Inmobiliario, «es la base de los problemas que sufre España».

Se trata de una medida largamente reclamada por los sectores inmobiliario y financiero: «Aquí no hay salida y la solución hay que buscarla fuera», aseguró el analista inmobiliario José Luis Ruiz Bartolomé.

En muchos países existen fórmulas similares, pero a los expertos le sorprende la baja cuantía que baraja el Gobierno español. Jacinto Soler-Matutes, profesor de la Universidad Pompeu y Fabra, recordó que en Alemania «el umbral está en 200.000 euros; en Portugal e Italia, en 500.000, y en Francia e Inglaterra por encima del millón de euros».

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