Contrariamente a la opinión generalizada, obtener el permiso de residencia en España resulta complicado, siendo actualmente requisito fundamental (el resto  son más asequibles) disponer de vivienda, ya sea en alquiler o en propiedad. La situación no es por lo tanto novedosa y son muchos los ciudadanos que intentan fijar su residencia en España, desde comunitarios que llegan a la edad de jubilación y encuentran en España un lugar en el que retirarse, hasta iberoamericanos con profundo arraigo social  y laboral que también luchan por sacar adelante a sus familias. Sin embargo unos y otros, ciudadanos al fin y al cabo, se enfrentan a importantes trabas legales cada vez que se enfrentan a la renovación de su permiso de residencia.

Por otra parte, basándose en las proyecciones del INE de inmigración y de creación de hogares, la demanda «natural» de vivienda habría bajado de algo más de 500.000 a menos de 300.000, siendo la demanda de extranjeros, residentes y no residentes la única que crece, hasta  representar más el 10% del total de demanda de vivienda.
Una situación  objetiva que, unida al hecho de que las familias españolas siguen  concentrando más del 85% de su ahorro bruto en inmuebles, hace no solamente apropiado sino también deseable facilitar la adquisición de vivienda por extranjeros para, adicionalmente, apoyar en la medida de lo posible la inversión inmobiliaria de los hogares españoles, la cual se ha estabilizado en un tercio del volumen de la burbuja, permitiendo liberar un ahorro que se dedique a reducir deudas y al ahorro financiero.

La medida propuesta permitirá, siempre y cuando sea facilitadora pero no excluyente, posibilitar el trámite legal de todos aquellos que desean fijar su residencia en España y hacerlo con cierta solvencia.

Pero además de este modo mejoraría la velocidad de ajuste del sector inmobiliario y se aceleraría su limpieza, al tiempo que atraerá capital y potenciará las actividades de rehabilitación y reforma, como vía para recuperar empleo.